La Comisión Europea anunció este jueves acciones legales contra Hungría y Polonia por adoptar medidas que violan los derechos fundamentales de la comunidad LGBT+ y dio dos meses a esos países para responder antes de llevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la UE.
“Igualdad y respeto por la dignidad y los derechos humanos son valores fundamentales de la Unión Europea (...) La Comisión utilizará todos los instrumentos a su alcance para defender estos valores”, apuntó la institución en un comunicado.
En al caso de Hungría, la Comisión cuestiona la reciente adopción de una ley que prohíbe o limita el acceso a contenidos que promuevan la “divergencia de la identidad con relación al sexo de nacimiento”. La Comisión señaló que la protección a los menores de edad es un interés público legítimo, pero apuntó que Hungría “no ha explicado porqué la exposición a contenido LGTB puede ser dañino a su felicidad”.
La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo la semana pasada que el Ejecutivo comunitario utilizaría “todos los poderes disponibles” para obligar a Hungría a derogar o modificar la ley. “Europa nunca permitirá que se estigmatice a partes de nuestra sociedad: ya sea por quien ama, por su edad, su etnia, sus opiniones políticas o sus creencias religiosas”, dijo a los eurodiputados.
Ya en el caso de Polonia, la Comisión decidió actuar ante la inacción del gobierno contra las llamadas “zonas libres de ideología LGTB”, que abarcan aproximadamente un tercio del territorio polaco y se encuentran principalmente en el este y el sureste del país, tradicionalmente muy católico.
La UE considera que esas “zonas”, implementadas en 2019 por alrededor de 100 municipalidades y regiones de Polonia, se pueden considerar una “violación la legislación europea sobre no discriminación con base en la orientación sexual”. Según la Comisión, Polonia ignoró además varios pedidos para ofrecer detalles de la base legal de esas zonas, y de esa forma violó su compromiso de “cooperación sincera” con las instituciones europeas.
Polonia ya está en la agenda de Bruselas por sus reformas judiciales, que en varias ocasiones se han considerado contrarias a las normas de la UE sobre la independencia de los jueces.
En concreto, Bruselas envió a Budapest y Varsovia una carta de emplazamiento, el primer paso en el procedimiento de infracción, que en última instancia puede terminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Los dos Estados miembros tienen ahora dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión antes de que el procedimiento entre en la siguiente fase.
(Con información de AFP y EFE)
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