Irán liberó a una destacada activista de derechos humanos que hizo campaña contra la pena de muerte, según un informe de una agencia de noticias persa, que dijo que su sentencia de 10 años había sido reducida.
Narges Mohammadi quedó libre el miércoles en la noche tras pasar ocho años y medio en prisión, dijo el funcionario judicial Sadegh Niaraki según fue citado por la agencia noticiosa semioficial ISNA. La activista fue sentenciada a 10 años en 2016, cuando ya estaba encarcelada.
De acuerdo con Niaraki, Mohammadi recuperó la libertad en base a una ley que permite conmutar una pena de prisión si el tribunal correspondiente está de acuerdo.
En julio, las Naciones Unidas y el grupo de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional exigieron la inmediata liberación de Mohammadi debido a graves problemas de salud preexistentes y a presuntos síntomas de COVID-19. El reporte del jueves no mencionó ninguna posible enfermedad. En agosto, su esposo dijo que parecía haberse recuperado.
Mohammadi, destacada defensora de la abolición de la pena de muerte en Irán, fue encarcelada en 2016 por fundar un grupo de campaña que se consideró un grupo ilegal.
Estaba encarcelada en un penal en la ciudad noroccidental de Zanjan, a unos 280 kms (174 millas) al noroeste de la capital, Teherán.
Mohammadi tenía una relación cercana con la Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi, quien fundó el vetado Cetro de Defensores de los Derechos Humanos. Ebadi abandonó la República Islámica tras la disputada reelección del entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad en 2009, que desató protestas sin precedentes y una dura represión por parte de las autoridades.
En 2018, Mohammadi, que es ingeniera y física, fue galardonada con el Premio Andrei Sakharov, que reconoce el liderazgo o los logros de científicos en la defensa de los derechos humanos.
Presos en peligro por el coronavirus
El poder judicial iraní dijo en marzo que había liberado temporalmente a unos 85.000 reclusos en respuesta al coronavirus, incluidas personas detenidas por cargos de seguridad que dicen ser presos políticos; a finales de mayo, muchos fueron devueltos a prisión.
Amnistía Internacional dijo en julio que las autoridades iraníes habían ignorado los llamamientos de los funcionarios de prisiones para que les proporcionaran recursos para detener la propagación del coronavirus dentro de las cárceles.
Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo a los reporteros a principios de esta semana que las cárceles estaban severamente superpobladas. “Es imposible aislar a las personas y hacer cumplir el distanciamiento físico por falta de espacio”, dijo.
Un informe publicado el miércoles por Mizanonline, el sitio web oficial del poder judicial iraní, negó que las cárceles estuvieran en malas condiciones.
Dijo que se habían tomado 18 medidas preventivas en los últimos tres meses, incluidas las pruebas continuas del personal penitenciario para detectar el coronavirus, la distribución de los artículos médicos necesarios, el aislamiento de los prisioneros infectados y el distanciamiento social durante las visitas familiares.
Colville dijo que los presos políticos incluyen conservacionistas, ciudadanos con doble nacionalidad, defensores de los derechos humanos y abogados, como Nasrin Sotoudeh, quien ha sido condenado a 33 años por varios cargos bajo las leyes de seguridad nacional.
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