El régimen chino ascendió a un jefe de policía sancionado por los abusos a los derechos humanos de la minoría musulmana Uigur

El régimen de Beijing ascendió dentro de la estructura partidaria al jefe de policía de Xinjiang, Wang Minshan, quien se encuentra acusado de estar entre los perpetradores de los abusos a los derechos humanos de la minoría musulmana Uigur que tienen lugar en la región.

Wang, quien fue sancionado por ese preciso motivo por los Estados Unidos el pasado 9 de julio, ahora pasó a tener un puesto en el Comité Permanente del Partido Comunista en la región.

En concreto, será el titular de la Comisión de asuntos Políticos y legales. El régimen también nombró a dos funcionarios que no provienen de la región en puestos jerárquicos, insinuando la creciente importancia que le otorga, proporcional a las declaraciones de la comunidad internacional sobre los hechos que allí tienen lugar.

Según consignó el medio local South China Morning Post, el nombramiento transmite además la preocupación de Beijing por garantizar el poder del partido en la región.

Wang es parte del aparato de Seguridad de Xinjiang desde hace más de dos décadas. Luego de varios años en la prefectura, fue nombrado jefe de policía en la capital regional, Urumqi, en 2009. Ocho años después su jurisdicción se extendió al resto del territorio.

Fue en los úlitmos años cuando tomó estado público la existencia de los campos de concentración en Xinjiang. Distintos reportes, que las Naciones Unidas ha verificado, han documentado como al menos un millón de musulmantes han sido han sido detenidos -y forzados a trabajar- en campos.

También se les obliga a denunciar su religión y su idioma y se les maltrata físicamente, al punto de que ha habido reportes sobre esterilizaciones forzadas. Además, los miembros que son liberados son sometidos a una vigilancia sofisticada y constante.

El gobierno comunista, oficialmente ateo, negó en un principio la existencia de los campos de internamiento en Xinjiang, pero ante la evidencia dijo que son instalaciones de formación profesional destinadas a contrarrestar el radicalismo musulmán y las tendencias separatistas.

La información generó numerosas condenas a lo largo de la comunidad internacional. Entre las acciones al respecto se cuentan las sanciones del gobierno de Estados Unidos que alcanzaron directamente a Wang.

“Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras el Partido Comunista Chino comete abusos de derechos humanos contra los uigures, los kazakos étnicos y los miembros de otros grupos minoritarios en Xinjiang, incluyendo trabajos forzados, detenciones masivas arbitrarias y control forzado de la población, e intentos de borrar su cultura y su fe musulmana”, dijo al respecto el Secretario de Estado Mike Pompeo al anunciar las sanciones.

En ese entonces, el funcionario dijo que se sentía “honrado” de estar entre aquellos a quienes se le congeló cualquier activo que pudiera tener en Estados Unidos y se le prohibió viajar al país, tanto a él como su familia.

Otro de los sancionados fue Chen Quanguo, el secretario del Partido Comunista para la región, a quien se considera el arquitecto de las políticas de Beijing contra estas minorías étnicas y religiosas. El partido Comunista respondió con sanciones propias a distintos funcionarios y legisladores de Estados Unidos.

El último episodio de esta naturaleza tuvo lugar el 14 de septiembre, cuando la administración de Donald Trump anunció su decisión de prohibir las importaciones de distintos productos elaborados con materiales extraídos en Xinjiang, alegando que estos se producen con trabajos forzados.

Entre los artículos alcanzados hay algodón, ropa y dispositivos electrónicos de cinco compañías específicas en la región. También prohibió cualquier producto vinculado al “Centro de Educación y Entrenamiento de Habilidades número 4 del condado de Lop”.

“No es un centro vocacional, es un campo de concentración donde minorías étnicas y religiosas son sometidas a abusos y forzadas a trabajar en condiciones horribles sin libertad alguna. Es esclavitud moderna”, expresó al respecto el subsecretario interino de seguridad interior, Ken Cuccinelli.

Dos días después, el gigante sueco de la moda minorista H&M anunció el que romperá toda relación comercial con un productor de hilo chino luego de que fuera acusado de usar productos obtenidos con trabajo forzado.

La compañía precisó que no trabajaría con ningún fabricante de ropa de la región y que ya no obtendrían algodón proveniente de esa región del noroeste de China, que es la zona más grande de producción de algodón del gigante asiático.

En diciembre pasado, las autoridades de Xinjiang anunciaron que los campamentos se habían cerrado y que todos los detenidos se habían “graduado”, afirmación que es difícil de corroborar de forma independiente dada la estricta vigilancia y las restricciones a la presentación de informes en la región. Algunos uigures y kazakos han dicho a la agencia AP que sus familiares han sido liberados, pero muchos otros dicen que sus seres queridos siguen detenidos, fueron sentenciados a prisión o transferidos a trabajos forzados en fábricas.

Y a finales de junio, un investigador alemán presentó un informe para respaldar los reportes de esterilizaciones forzadas. En las dos grandes prefecturas de esa región, donde los uigures son mayoritarios, el número de nacimientos habría caído drásticamente desde 2016, afirmó Adrian Zenz, quien dijo basarse en documentos administrativos chinos y entrevistas con mujeres locales. Algunas le dijeron que fueron obligadas a una esterilización bajo pena de ser enviadas a los campos.

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