Los consejos de administración de CaixaBank y Bankia se reúnen este jueves para aprobar una fusión que reconfigurará el sector bancario español, creando un auténtico mastodonte.
Según una fuente conocedora de los contactos, los consejos de ambas entidades se celebrarán la tarde del jueves para validar los detalles de la operación, objeto de meticulosas negociaciones en las que ha participado el Estado español, primer accionista de Bankia con una participación del 61,8%.
La fusión, que en la práctica significará la absorción de Bankia por parte de CaixaBank, transformará el paisaje bancario español al dar nacimiento a la entidad con mayor volumen de activos dentro del país, muy por delante del Santander o el BBVA, que están, por el contrario, muy diversificados a nivel internacional.
Dichos activos rondarían los 664.000 millones de euros (784.000 millones de dólares), según la gestora de fondos Renta 4 Banco.
Si las negociaciones llegan a buen puerto, los accionistas del banco catalán CaixaBank deberían al final poseer un 75% de la nueva entidad, frente a un 25% para Bankia, según la prensa económica.
El Estado, en tanto que principal accionista de Bankia, se quedaría con una participación del 14% en el nuevo grupo.
En 2012, el gobierno debió salvar a Bankia de la quiebra con una inyección de más de 22.400 millones de euros (26.000 millones de dólares), en plena crisis económica desatada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y las subprimes (2008-2013).
La esperada fusión se produce en un contexto económico difícil para España, uno de los países europeos más golpeados por la pandemia del covid-19, cuyo PIB se hundió un 18,5% en el segundo trimestre.
En este contexto, la operación permitiría a ambos bancos reducir costes, lo que supondría “una manera de intentar recuperar rentabilidad”, explica Xabier Vives, profesor en la IESE Business School.
Supresiones de empleos a la vista
Otra ventaja percibida es la complementariedad geográfica, ya que Bankia está más presente en Madrid y el centro de España, mientras que CaixaBank está bien implantada en Cataluña, el sur y el este del país, destaca Robert Tornabell, especialista de banca en la escuela de comercio Esade.
Según este experto, la estructura financiera de la operación permitirá también a CaixaBank aliviar su carga fiscal en “varios miles de millones” de euros.
“Así podrá pagar las restructuraciones de plantillas y el cierre de oficinas”, explica Tornabell, después de que la prensa mencionara la posible supresión de unos 8.000 puestos, del total de 51.000 empleos y más de 6.000 oficinas que suman ambas entidades.
Pese a las consecuencias sociales y los problemas de competencia derivados de una entidad que gestionará cerca de un tercio de los préstamos hipotecarios y los fondos de pensiones de España, el gobierno ve la operación con buenos ojos.
“Hay un proceso que está en marcha”, dijo la semana pasada la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, destacando que las autoridades europeas llevan tiempo alentando las fusiones como remedio a un panorama de escasa rentabilidad generalizada y de tipos de interés históricamente bajos.
El dinero del contribuyente
Desde el rescate de Bankia, el gobierno intenta deshacerse de su participación, pero el contexto financiero nunca fue propicio.
De momento, y después de dos colocaciones de paquetes accionariales en 2014 y 2017, el Estado español sólo recuperó 3.303 millones de euros de los más de 22.400 millones inyectados en Bankia.
Y aunque su parte en la nueva entidad se reducirá al 14%, se espera que la fusión revalorice la participación del Estado, ya que la nueva entidad debería ser más rentable. Con todo, el Estado “necesitará varios años” para recuperar un montante que, al final, “no será una gran cantidad”, vaticina Tornabell.
La nueva entidad conservaría el nombre de CaixaBank, según la prensa, lo que le permitiría deshacerse del nombre de Bankia, asociado por los españoles a varios escándalos.
Entre ellos, la catastrófica salida a Bolsa en 2011, que atrajo a miles de pequeños accionistas arruinados meses más tarde por el hundimiento del valor de la acción, cuando el banco, al borde de la quiebra, se disponía a ser rescatado por el gobierno.
La justicia dictará próximamente sentencia en este caso. La fiscalía pidió ocho años y medio de prisión contra el ex director del FMI Rodrigo Rato, acusado de estafa y de falsificar cuentas cuando dirigió Bankia entre 2010 y 2012.
(Con información de AFP)
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