La Justicia continúa con su campaña en contra de las organizaciones no gubernamentales que se atreven a levantar la voz en la Rusia de Vladimir Putin. Un tribunal moscovita resolvió el miércoles disolver al Centro de Apoyo a los Pueblos Indígenas del Norte (CSIPN/RITC), un grupo defensor de derechos de los pueblos indígenas con 18 años de historia en el país, según informó The Moscow Times.
El fallo judicial es el desenlace inevitable de una persecución que comenzó en 2015, cuando el Gobierno incluyó al CSIPN/RITC en la lista negra de “agentes extranjeros”. Fundada en 2001 para proporcionar asistencia a los pueblos originarios del norte de Siberia y del Extremo Oriente, la organización había renunciado a su financiamiento del exterior para evitar el cierre, pero no fue suficiente.
El Ministerio de Justicia de Rusia pidió su clausura argumentando violaciones de la ley de ONG. Pero sus directivos afirman que apenas incumplieron formalidades sin importancia.
"Es un proceso irreversible, como la pena de muerte”, dijo este jueves el abogado del grupo Grigory Vaypan al periódico Kommersant.
Rodion Sulyandziga, director del CSIPN/RITC, dijo que el fallo es “parte de una movida para cerrar a las organizaciones indeseables para las autoridades”. “El Ártico y sus recursos significan mucho para las empresas rusas y su presupuesto. Es por eso que las empresas consideran a las minorías indígenas como una barrera para sus actividades”.
Todo indica que, efectivamente, la decisión forma parte de una escalada represiva del gobierno ruso contra distintas organizaciones sociales. La justicia ordenó el viernes pasado el cierre de la asociación “Movimiento por los derechos humanos”, una de las más respetadas en el país.
Creada en 1997, es una de las asociaciones de protección de los derechos humanos más antiguas y famosas de Rusia. Pero estaba en la mira de las autoridades por sus críticas al gobierno de Vladimir Putin.
“Apelaremos esta decisión y también recurriremos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, anunció su director, Lev Ponomarev, asegurando que su movimiento “continuará viviendo y trabajando”.
Mediante esta decisión, el Tribunal Supremo ruso confirmó una solicitud del Ministerio de Justicia, que acusa a la ONG de violaciones reiteradas de los procedimientos administrativos y que, por consiguiente, pedía su disolución.
Según su sitio web, la ONG se compone de varias decenas de filiales diseminadas por todo el país. Desde febrero, la organización principal fue clasificada por la justicia como “agente extranjero”. Esta calificación, introducida por una ley en 2012, sirve para designar a una organización que recibe financiamiento de otro país y que tiene una “actividad política”.
Este concepto vago ha permitido apuntar a numerosos grupos críticos del poder, como la ONG Memorial o, más recientemente, la organización del opositor Alexéi Navalni. En diciembre de 2018, Ponomarev, de 78 años, pasó más de dos semanas en prisión por convocar a una manifestación no autorizada.
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