La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, propondrá este martes 29 de noviembre al Pleno, la validez del acuerdo emitido por el Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, en mayo de 2020, para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, de forma extraordinaria.
En su proyecto, Ríos Farjat consideró “es procedente, pero infundada” la controversia constitucional interpuesta por la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), contra dicho acuerdo.
Es preciso señalar que dicho acuerdo presidencial fue extendido hasta 2028, de modo que el Ejército y la Marina podrán seguir desempeñando tareas de seguridad pública de manera paralela a la Guardia Nacional (GN).
“Se reconoce la validez del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación”, señala el proyecto de la Ministra.
Para la magistrada, el acuerdo no supone que se normalice la militarización y se renuncie a la formación de la Guardia Nacional.
Abundó que si bien es “vehículo para materializar la decisión proveniente de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, no implica por sí solo esa materialización, sino que el Presidente de la República únicamente instruyó a sus subordinados a coordinarse para la observancia del mandato del constituyente y asistir cuando excepcionalmente se requiera, en las labores de la Guardia Nacional, que es el cuerpo policial civil federal”.
Ríos Farjat someterá a consideración de los ministros que en acuerdo presidencial “incluso, les ordenó de manera expresa que la intervención que se requiriera fuera de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Guacamaya Leaks dejó en entredicho la militarización en México
En México, las filtraciones han demostrado que el Ejército fue el promotor de una reforma votada en septiembre para poner a la Guardia Nacional, creada en 2019, bajo el mando de la Defensa, señaló el semanario Proceso.
El “Guacamaya-leak” estalló el 30 de septiembre con informaciones inéditas sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, como cuando el mandatario de 68 años tuvo que ser trasladado de urgencia desde su rancho en Chiapas (sur) a un hospital militar de la capital el 2 de enero por un problema cardiáco.
“Hubo un ataque cibernético, un robo de información”, reconoció el mandatario el mismo 30 de septiembre, cuando confirmó además las versiones sobre su salud.
Diputados pisdieropn al secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, a comparecer en el Legislativo para que explique este escándalo, pero el jefe del Ejército se negó a realizar el encuentro.
Apenas en septiembre, Morena, con ayuda del PRI, logró aprobar en la Cámara de Diputados una reforma que prolonga la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028, pese a la preocupación de víctimas de excesos militares y promotores de derechos humanos.
La reforma constitucional consolida el protagonismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha otorgado a las fuerzas armadas, confiándoles la seguridad pública pero también labores como la construcción de multimillonarias obras de infraestructura.
Esta alianza cívico-militar preocupa a defensores de víctimas como Vidulfo Rosales, abogado de familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, cuya desaparición forzada en septiembre de 2014 constituye uno de los crímenes más atroces de la historia mexicana reciente.
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