Las filtraciones de más de seis terabytes de información confidencial del ejército mexicano que un grupo de hackers y ambientalistas autonombrados “Guacamaya” hicieron a finales de septiembre prácticamente dejaron al descubierto los planes de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su lucha contra el narco.
Desde entonces se ha dado a conocer información sensible del gobierno de López Obrador, como el espionaje a organizaciones civiles, como grupos feministas y periodistas.
También se han revelado las rutas del narcotráfico en la Ciudad de México y la presencia de narcotienditas cerca de escuelas de la capital, así como supuestos nexos del crimen organizado en Guerrero con Rusia y el seguimiento a gobernadores de Morena ante posibles vínculos con el crimen organizado.
Incluso ha salido a la luz información sobre el caso Ayotzinapa y como el Ejército ha buscado por distintos medios deslindarse de su participación en la desaparición de los 43 normalistas.
La organización especializada en análisis de narcotráfico, Insight Crime, escogió tres revelaciones que evidenciaron presuntos vínculos que, desde su perspectiva, existen entre el ejército mexicano y los grupos del narcotráfico.
Presuntos nexos entre el CJNG y el gobierno de Tabasco
Uno de esos documentos filtrados incluyeron un informe de la Sedena del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise) del 2022 en el que señalaron al ex gobernador de la entidad y actual secretario de gobernación, Adán Augusto López, de presuntamente colocar en puestos de alto rango a funcionarios que supuestamente tienen vínculos con el crimen organizado.
Ellos son el actual secretario de seguridad y protección civil de Tabasco, Hernán Bermúdez Requeña; el comisionado de la policía estatal de Tabasco, José del Carmen Castillo Ramírez; y el director general de la policía estatal Leonardo Arturo Leyva Ávalos. Cabe mencionar que los tres continúan en dichos puestos.
De acuerdo con el informe del Cerfise, con fecha del 30 de agosto de 2022, los tres formaban parte de “La Barredora”, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculada con el robo de combustible o “huachicol”.
Algunos de los informes filtrados afirmaron que miembros de “La Barredora” ofrecieron liberar a miembros del cártel que habían sido apresados a cambio de cuantiosos sobornos. A Bermúdez Requeña lo vincularon directamente con uno de los líderes de “La Barredora” identificado como Benjamín Mollinedo Montiel, alias “Pantera”.
De hecho hasta señalaron secretario como una especie de “líder” del CJNG y mencionaron sus nexos con un cabecilla del cártel de Los Zetas.
Bermúdez Requeña supuestamente le advirtió a el “Pantera” sobre operativos que lo tenían como objetivo. Incluso, según los informes, ofreció liberar a su cuñado de la cárcel a cambio de 500mil pesos (unos USD 25 mil dólares), señaló la revista Proceso.
“Este es un buen ejemplo de cómo se construyen redes entre el Estado y las organizaciones criminales a nivel local, con resultados locales que pueden conducir a un nivel de violencia mucho menor”, dijo a InSight Crime el analista de seguridad Jaime López-Aranda.
El militar “emprendedor”
Otro informe reveló que un elemento del ejército presuntamente vendió armamento a miembros de la delincuencia organizada.
Específicamente, desde el Campo Militar No. 1 ubicado en la Ciudad de México, según se detalla en uno de los informes de inteligencia fechado el 10 de junio del 2019 revisado por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con el informe, la Sedena tuvo conocimiento de que al menos un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas, así como información de movilidad y operativos de las Fuerzas Armadas a una célula de un cártel con base en Tejupilco, Estado de México.
Fue el 31 de mayo de aquel año que “el militar ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una”, de acuerdo con el informe presentado por MCCI. El grupo confirmó la compra de 8 y fueron entregadas en Atlacomulco.
Los metadatos del equipo telefónico del militar dieron con que la base de operaciones del soldado está en el municipio de Villa de Almoloya, cerca del octavo regimiento de la Sedena. Pero el proveedor de armas, según señaló el informe, tiene su base en el Campo Militar No. 1 de la capital del país.
El oficial también recibió una lista de compras de municiones para proporcionar a un grupo criminal, incluidos cargadores para rifles AK-47 y AR-15. Supuestamente también se ofreció a brindar información a los delincuentes sobre el paradero de un fiscal del Estado de México al que buscaban para asesinarlo.
“Huachicoleros” querían atentar contra AMLO
También se reveló que un grupo de huachicoleros pretendía atentar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Dicha información se conoció en el informe del 10 de febrero de 2019, con la tarjeta 157, dirigida al subjefe de inteligencia de la Sedena con el fin de “informar el desborde técnico de un audio de interés en torno al caso Águila”.
En el audio que se analizó, Sergio Águila Luévanos, El Capi, quien después de retirarse del ejército, se dedicó al negocio del huachicoleo; explicó a su interlocutor que el grupo se encuentra en crisis financiera.
Atribuyó la crisis a las medidas que había comenzado a implementar el gobierno de la 4T, por lo que “no tenían dinero”, razón que los orilló a “extorsionar y a robar”; no obstante, no les alcanzaba para más armas.
Ante lo cual, presuntamente Sergio Águila Luévano habría de responder que ya existía “precio para la cabeza” del mandatario mexicano, puesto que no cedió en su estrategia para eliminar el huachicol. Además, advertía que la situación se pondría peligros, “color de hormiga”, ya que el presidente “se metió con quien no debía”.
“Supuestamente este viejo, ya se oye mucho que le van a dar piso al Presidente de la República, nada más están fraguando bien, se unieron toda la palomilla y pues ya le dijeron que se arreglaran, pero el señor les dijo que no. Y creo que el señor ya tiene precio de su cabeza, por lo que se va a poner color de hormiga, porque se metió con quien no debía de haberse metido”, se pudo leer en el documento citado por Insight Crime.
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