Durante la jornada electoral del 5 de junio, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), ha recibido un total de 243 denuncias por delitos electorales reportadas por las fiscalías estatales.
En tanto, el organismo señaló que durante este domingo 5 de junio se ha recibido una denuncia por delitos electorales de orden federal, sumando ya 30 durante todo el proceso.
De acuerdo con la Fiscalía, un delito electoral es alterar, sustituir, destruir y comercializar o hacer uso de documentos que tengan relación con el proceso electoral, como pueden ser el Registro Federal de Electores, la Lista Nominal o el Padrón Electoral.
Por su parte, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) han sido desplegados en las seis entidades federativas en las que se llevan a cabo elecciones para la gubernatura: Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango e Hidalgo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que se instaló el 99.5% de las casillas en los seis estados. En Tamaulipas se lograron instalar en 92.59% de éstas, correspondiente a cuatro mil 423 de las cuatro mil 777 que se tenían contempladas.
Asimismo, en dicha entidad se registró un incidente en el que se ató una casilla con todo y funcionarios en el municipio de Reynosa, lo que impidió a los ciudadanos ejercer su voto. También, se detectaron varios operativos de compra de votos.
Por su parte, en Oaxaca 81 casillas no pudieron ser instaladas; 33 por conflictos sociopolíticos, en donde los pobladores quemaron urnas, y 48 derivado de las afectaciones que dejó el Huracán Agatha.
En el municipio de Santa María Tonameca fueron quemados los paquetes electorales de la casilla 1919, al tiempo que en Mazunte no se permitió que las casillas fueran instaladas.
De igual forma en Oaxaca, se abrió una carpeta de investigación por el asesinato de Carlos Eduardo López Martínez, partidario de Salomón Jara, candidato de Morena a la gubernatura de dicho estado.
En Durango, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) denunció la desaparición de cinco de sus colaboradores: Alfredo Lara, Gabriel Montes, Víctor Soto y Luis Soto. El partido, por medio de un comunicado, exigió la actuación de las autoridades y señaló que el hecho es un precedente muy negativo para los procesos democráticos.
En tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales define a estas faltas como acciones u omisiones que perjudican o ponen en riesgo el correcto funcionamiento del proceso electoral, así como las características del voto el cual debe ser libre, directo, universal, personal, secreto e intransferible.
Dicho organismo es el encargado de perseguir estos crímenes. Por su parte, ha señalado que cualquier persona, funcionario electoral o partidista, candidatos, precandidatos, servicios y funcionarios públicos, organizadores de campaña, así como autoridades religiosas pueden cometer delitos de esta índole.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales es la legislación encargada de definir los crímenes, así como las sanciones atribuibles a cada falta.
Entre las acciones o conductas imputables se encuentra el presionar o amenazar para votar o no por algún candidato, coalición o partido político; amenazar con suspender beneficios de programas sociales; pedir evidencia del voto emitido; votar sin cumplir los requisitos legales o votar más de una vez.
También son imputables actividades como ofrecer un pago a cambio del voto; hacerse pasar por funcionarios de casilla; hacer proselitismo o presionar a electores dentro de las casillas; obstaculizar la emisión del voto; sustraer documentos de índole electoral; votar con la credencial electoral de alguien más, entre otros más.
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