El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, arremetió contra diversos funcionarios de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), la cual es liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido a las declaraciones de Pablo Gómez sobre la consulta de Revocación de Mandato.
A través de su cuenta de Twitter, el legislador blanquiazul aseguró que “el gobierno quiere sancionar a los ciudadanos que no votaron en la fraudulenta consulta”.
“El gobierno quiere sancionar a los ciudadanos que no votaron en la fraudulenta consulta de revocación del presidente y al mismo tiempo quiere que queden impunes atrocidades como las de Gertz, Bartlett, Scherer, Ana Guevera, Ovalle, Carlos Lomelí, Delfina, López-Gatell”, escribió el legislador panista en redes sociales.
Pese a que no justificó los motivos de porqué señaló a ciertos funcionarios públicos, las palabras de Jorque Triana se dieron luego de que, en días pasados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que la participación ciudadana en la Revocación de Mandato era obligatoria y en caso de no haber acudido a las urnas el pasado 10 de abril traería consecuencias.
Pablo Gómez citó el articulo 35 de la Constitución Política mexicana en el cual se establece que todos los ciudadanos tienen la obligación de votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato y puntualizó “la sanción por no hacerlo” en el 38.
Sin embargo, Gómez tuvo una pequeña confusión respecto al artículo de la Constitución en el que se establece la obligatoriedad y poco después realizó la precisión respecto a que el artículo 35 habla del derecho al voto mientras que en el 38 se mencionan las sanciones por no votar.
No obstante, el titular de UIF recriminó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no haya informado a los mexicanos que el voto en la Revocación de Mandato era obligatorio. Esto luego que solo 16.5 millones de mexicanos con credencial de elector acudieron a las mesas de votación mientras que casi 76 millones de personas decidieron no asistir.
Ante ello, el INE aseguró, el 14 de abril, que los dos fideicomisos con los que cuenta se encuentran amparados en la ley, y acompañó su mensaje con una refutación hacía Pablo Gómez, sin mencionarlo expresamente, al señalar: “Quien diga que el INE pudo poner más casillas con ese dinero, miente”.
El órgano electoral explicó, a través de un comunicado, que los fideicomisos con los que cuenta, tanto el Fondo para Atender el Pasivo Laboral como el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria, no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados.
Lo anterior, debido a que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 11 que “la unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los cuales fue constituido el fideicomiso”.
“En conjunto, los fideicomisos tienen un saldo de mil 353.09 millones de pesos, de los cuales sólo 626.15 millones de pesos se encuentran disponibles, pero no pueden usarse para otros fines que los especificados”, agregó.
Por su parte, Pablo Gómez respondió: “Lo que me responde oficialmente el INE sobre sus dos fideicomisos es una de las tantas demostraciones del carácter ilegal de ambos. El INE no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario. No podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función”.
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