El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) votará imponer una sanción al la coalición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con el Partido del Trabajo (PT), ganadora de la gubernatura de San Luis Potosí, en las elecciones del pasado 6 de junio, con el candidato y ahora gobernador electo Ricardo Gallardo, a quien la Unidad Técnica de Fiscalización comprobó que evadió reportar cerca de dos millones de pesos de sus gastos en campaña.
Para los partidos mencionados la multa sería de 3.4 millones de pesos por omisiones en sus informes de fiscalización.
De acuerdo con el diario mexicano Milenio, la Comisión de Fiscalización propondrá este miércoles al Consejo General del INE, imponer una multa de dos millones 700 mil pesos al PVEM y otra de 700 mil pesos al PT.
Lo indagado señala que Gallardo y la coalición “Juntos Hacemos Historia” no reportaron varios gastos de campaña invertidos en mítines, espectaculares, propaganda y publicidad en redes sociales, indicando que solo se reportaron de esa campaña cerca de 19 millones 500 mil pesos de gastos, cerca de 10 millones de pesos menos del tope que estaba ubicado en 29 millones. Así que rebasar el tope de campaña no entraría en el proyecto a votación.
Por otro lado, durante las pasadas jornadas electorales, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) comenzó una investigación de todos los candidatos y candidatas que participaron en los comicios con el objetivo de detectar posible intervención del crimen organizado; esto, a la par de las actividades de la misma índole que llevaba a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las indagatorias arrojaron un listado de carácter confidencial en el que se hallaron a seis candidatos a gubernaturas y diputaciones federales, militantes de al menos cinco partidos políticos, con presuntos vínculos con cárteles.
El listado lo encabezaba Rubén Rocha Moya, militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y gobernador electo de Sinaloa, a quien se le vincula con el cártel de Pacífico de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.
Y precisamente, detrás de Rocha, se encuentra Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien es señalado de mantener presuntos nexos con las organizaciones criminales de Los Zetas y el cártel del Noroeste.
Cabe recordar que, en 2015, Gallardo fue detenido y puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada acusado de transferencias ilegales por más de 200 millones de dólares a través de sus empresas entre 2012 y 2014, triangulando las operaciones por medio de una clínica de especialidades, Wong, SA de CV. Sin embargo, fue liberado 11 meses después por falta de pruebas.
Además que el funcionario ya se encontraba bajo investigación de la UIF desde octubre del 2020 por supuesto lavado de dinero. Las denuncias apuntaban que el entonces aspirante y su padre, Ricardo Gallardo Juárez habrían desviado más de 700 millones de pesos en el municipio de Soledad, que controlaron de 2009 a 2018.
Ambos personajes forman parte del grupo político, creado por ellos mismos, llamado La Gallardía el cual ha sido excluyente para acceder al poder en el municipio; los señalamientos por supuestos vínculos con el narcotráfico ha perseguido a esta agrupación desde hace tres lustros.
Mientras que el pasado 13 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Ricardo Gallardo. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario detalló que en el encuentro se trataron temas como las demandas de la capital del estado y la iniciativa de convertir la Sierra de San Miguelito en una reserva natural protegida.
Además, abordaron la implementación de los programas para el bienestar del gobierno federal y acordaron trabajar juntos “por el bien de todos”.
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