Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa de reformas a la Ley para darle más poder a la Fiscalía General de la República (FGR) y los delitos pueden ser ampliamente perseguidos.
Damián Zepeda reveló que buscarán sustento jurídico para que la FGR pueda investigar de manera transversal e integral al crimen organizado, así como a todos delitos que se persignan, de acuerdo con la información recopilada por el diario Excélsior.
El medio informó que una de sus características ahora es la de coordinarse con ministerios públicos estatales, así como expertos nacionales e internacionales en el ramo de la investigación criminal, dio a conocer la periodista Leticia de la Rosas.
Además, Zepeda dijo al medio que se podrá disponer de una fiscalía más dinámica y concluyó asegurando que habrá un asesoramiento también entre expertos, o entre organismos.
Uno de los temas en los que se hizo más énfasis, es el área especial contra la delincuencia organizada, pues luego de haber desaparecido dicha división de la PGR, la supuesta nueva Fiscalía Especializada buscará que todas las fiscalías, unidades y organismos tendrán una plataforma dónde coordinarse.
Ésta misma prevé que se puedan conformar, incluso, unidades mixtas para la investigación y litigación de los casos. El medio aseguró que el fin es evitar la fragmentación de las investigaciones a través de acuerdos de colaboración institucional.
Hace algunos meses, la ONU emitió sus comentarios sobre la propuesta que pretendía expedir diversas leyes como la Ley de la Fiscalía General de la República, así como abrogar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
En éstas, se pretendía modificar un conjunto amplio de leyes secundarias como la Ley General en Materia de de desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares, así como del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Al respecto, se mostraron preocupados por el cumplimiento de las obligaciones del país en materia de derecho internacional e internacional.
Además, consideraron que la aplicación del mismo podría llegar a impactar de manera negativa al “disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en México”.
“Podría perpetuar una tendencia preocupante, ya identificada por varios mandatos de la ONU, de incidir en el derecho a un recurso efectivo de las víctimas de violaciones de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, personas migrantes”, insistieron.
Hasta el momento, las funciones principales de la Fiscalía General de la República, únicamente son Investigar y perseguir los delitos, ejercer acción penal, procurar la reparación de daño, adoptar o promover medidas de adopción, Intervenir en el proceso ejecución penal, intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o diversas constitucionales y, las demás que señales otras disposiciones aplicables.
Sin embargo, tener un apoyo entre instituciones podría incluso facilitar el trabajo de la Ciudad de México dentro de un equipo de trabajo confirmado por una política pública integral de búsqueda que promoverá la cooperación y colaboración de todos los organismos del estado, otros internacionales, personas y organizaciones de la cuidad civil.
Esta no es la primera vez que el PAN se pronuncia sobre diversos proyectos que atañen a la Fiscalía. En fechas recientes Damián Zepeda presentó este en el Senado una iniciativa para castigar con severidad a los funcionarios públicos que filtren carpetas de investigación o documentos de procesos penales.
Además, el ex dirigente nacional del PAN propuso que se penalice con castigos de seis y hasta 12 años de prisión al servidor público, o al privado, que revele, comercialice o publique cualquier instrumento o documentos que obran en la carpeta de investigación o en un proceso penal. Las sanciones económicas irían desde los 45,000 pesos hasta los 90,000 pesos.
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