Derivado de la investigación en curso por el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) acusará a varios ex funcionarios públicos de tener probable responsabilidad en actos de corrupción y lavado de dinero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por su cuenta, el proceso contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se contempla para ser suspendido antes del 7 de marzo. Esto se trata de un beneficio temporal otorgado al egresado del ITAM por la cooperación presentada en los casos que se abrieron en su contra el año pasado, mismo que obedece al criterio de oportunidad en el que está basada toda su defensa.
En una nota de Animal Político publicada este miércoles 20 de enero, se especifica que la fiscalía dirigida por Alejandro Gertz Manero presentará, ante jueces federales adscritos al Reclusorio Norte, una serie de denuncias por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
De acuerdo con lo declarado por Lozoya Austin, los personajes señalados conspiraron para manejar recursos de origen ilícito con la finalidad de alcanzar objetivos políticos donde sobresale la aprobación de las reformas estructurales llamadas “pacto por México”.
Al ser delitos que no requieren prisión preventiva, la mayoría de los señalados podrán llevar su proceso en libertad; sin embargo, la fiscalía prevé riesgo de fuga y la probabilidad de destrucción de evidencia, por lo que anticipó que en el caso de algunos se solicitará esta acción a un juez.
No obstante, la pieza periodística firmada por Arturo Angel insiste en que la suspensión en favor de Lozoya se trata de un beneficio temporal, que estará sujeto a que los procesos derivados consigan resultados penales en contra de los señalados. En caso de que esto no ocurriera, la fiscalía de Gertz Manero retomaría las acciones legales en contra del ex director de Pemex.
Esto quiere decir que la presunta red de sobornos efectuados entre diciembre del 2013 a abril del 2014 debe de ser comprobada y lograr la inculpación de todos los implicados: Enrique Peña Nieto, ex presidente de México; Luis Videgaray, ex secretario federal; David Penchyna, ex senador del PRI; Lavalle Maury, ex legislador del PAN; Ernesto Cordero, ex presidente del blanquiazul y quien además se perfila como candidato a la gubernatura de Chihuahua por ese mismo partido; Francisco Javier Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas también por el PAN; Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro del PAN; y Salvador Vega Casillas, otro panista.
En el caso de los dos gobernadores panistas, la FGR deberá de proceder distinto, pues ambos cuentan con fuero. “Una vez que estén listos los expedientes, deberá solicitar primero un juicio de procedencia ante los congresos locales y solo si estos lo aprueban podrían presentarse cargos penales”, se especifica en la nota.
En cuanto al criterio de oportunidad, el abogado y activista Paulo Díez Gargari aseguró que Emilio Lozoya no alcanza este recurso en el caso de Etileno XXI, pues una denuncia presentada en 2018 es más amplia, precisa y mejor documentada que lo testificado por el itamita.
En entrevista exclusiva para Infobae México, Díez Gargari abundó sobre su idea y explicó la historia de la denuncia en 2018 y su seguimiento dos años después. Así como los huecos de la denuncia de Lozoya respecto a la de él.
“La otra que no menciona Lozoya, no sé por qué, es la adjudicación directa del etanoducto, este gasoducto, a través del cual Pemex le iba a transportar el gas etano que tenía que dejarle a Braskem e Idesa y que fue adjudicado directamente en favor de Genova, esta empresa que preside Carlos Rosa Cristal, fue un ex secretario de Comunicaciones y Transporte, y que entre los cargos que ocupó fue haber sido consejero en OHL, junto con Emilio Lozoya, gran amigo de Lozoya”, mencionó el abogado en exclusiva para Infobae México.
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