México militarizado: infografía de la promesa rota de López Obrador

Desde su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador, prometió desmilitarizar al país y lograr su pacificación. Pero en dos años de su gobierno, ese ofrecimiento ha quedado en el olvido. Es más, el mandatario ha hecho a las fuerzas armadas, el eje de su estrategia de seguridad.

Durante el informe por el segundo año de su gobierno, López Obrador aseguró que ha cumplido con el 97% de sus promesas de campaña. “Pero un elemento salió mal”, destacó Americas Quaterly.

En un artículo firmado por Catalina Pérez Correa, se resaltó que a pesar de haber prometido desmilitarizar la seguridad pública, durante sus dos años como presidente, López Obrador ha ampliado los poderes de las fuerzas armadas mexicanas de una manera sin precedentes, más allá de las tareas de seguridad nacional.

La publicación destacó la reciente liberación de una cárcel estadounidense del General Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de Defensa de México (SEDENA), por motivos de relaciones exteriores, lo cual -considera- “nos dice algo sobre el nuevo papel de los militares en el gobierno mexicano”.

“Rara vez los funcionarios de justicia estadounidenses aceptan retirar los cargos con tanta facilidad. Cienfuegos se había encontrado en el lado equivocado de acusaciones bien documentadas de tráfico de drogas y lavado de dinero. Pero llevar al general a juicio en Estados Unidos habría arrojado una luz incómoda sobre el ejército mexicano, evidenciando sospechas sobre una institución que se ha convertido en una pieza central de la estrategia del gobierno”, señaló.

Pérez Correa, quien es investigadora en derecho penal y profesora del Centro de Investigación y Docencia en Economía (CIDE), resaltó que el primer evento emblemático de lo que vendría para las fuerzas armadas en el gobierno de López Obrador, ocurrió con la creación de la Guardia Nacional.

“A pesar de ser constitucionalmente una fuerza de seguridad controlada por civiles, la Guardia (Nacional) está controlada por un comando operativo militar , obtiene reclutas principalmente de las fuerzas armadas, utiliza armas y entrenamiento militares y tiene miembros acusados de delitos llevados a prisiones militares en lugar de civiles , a pesar de mantener un marco disciplinario propio). Cuando seis miembros de la Guardia Nacional fueron arrestados por uso indebido de fuerza letal durante una protesta en la represa de la Boquilla en Chihuahua en octubre, por ejemplo, fueron trasladados a una prisión militar. en Sinaloa en lugar de ser investigado y llevado ante un juez civil”, subrayó.

Recalcó que “como institución, la Guardia Nacional tiene un poder preocupante, (ha) manteniendo 44 atribuciones redactadas de manera vaga que van desde la ‘prevención del delito’ y la ‘interceptación de comunicaciones’ hasta ‘la detención de migrantes y la inspección de sus documentos’ y ‘participación en operaciones conjuntas’”.

“El hecho de concentrar estas responsabilidades bajo un mismo techo es en sí mismo preocupante. Entregarlos a los militares, un organismo que no se adhiere a las reglas de transparencia ni respeta la jurisdicción civil cuando un miembro de sus filas quita la vida a un civil, es motivo de preocupación aún más grave”, enfatizó Pérez Correa.

La investigadora destacó que en mayo de 2020, el presidente decretó de manera abrupta que las Fuerzas Armadas estarían permanentemente disponibles para realizar tareas de seguridad pública, “pero sin contar con mecanismos claros de regulación o auditoría” y mucho menos de supervisión externa (lo realizan órganos internos de las fuerzas armadas).

“El decreto no establece objetivos claros para el despliegue y omite cualquier lenguaje que subordine a las fuerzas armadas a las autoridades civiles en el desempeño de tareas de seguridad pública, como lo exige la constitución mexicana y el derecho internacional. Aunque se incluyen en el título del documento, estos principios no aparecen en ninguna parte del cuerpo del texto”, enfatizó.

Resaltó que el número de militares que participan en operaciones nacionales, ya sea a través de la guardia u operando a través del decreto, es sorprendente. Y es que de acuerdo con datos de la oficina del presidente, hasta el pasado mes de octubre, 214,735 miembros de las fuerzas armadas realizaron tareas de seguridad pública.

La catedrática del CIDE subrayó que los poderes de las fuerzas armadas se han expandido mucho más allá de las tareas de seguridad pública, ya que ahora se encargan de las aduanas, vías fluviales, aeropuertos, carreteras, programas de salud y construcción de infraestructura.

La también investigadora resaltó que esta tendencia debe entenderse como dos procesos paralelos y simultáneos, el de la militarización (la expansión de los militares en tareas de seguridad pública) y el militarismo (la incursión de los militares en la gobernabilidad).

E incluso enfatizó que la respuesta del gobierno mexicano al arresto del General Salvador Cienfuegos “demuestra que el alcance de las fuerzas armadas se ha extendido incluso al ámbito de la política exterior”.

Su artículo concluye haciendo un llamado de alerta. “Si bien el proceso de militarización muestra la incapacidad del Estado mexicano para detener el crimen a través de los canales constitucionales regulares; el militarismo aviva el autoritarismo, obstaculiza la transparencia y elimina el control civil sobre las instituciones militares. Es la viabilidad democrática del Estado mexicano la que está, en última instancia, en riesgo”, finalizó.

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