Aprehendieron a tres integrantes del Cártel de Juárez presuntamente relacionados con el homicidio de miembros de la familia LeBarón

A poco más de un año de la masacre en Bavispe, Sonora, elementos de distintas corporaciones arrestaron a gente relacionada con el caso

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El caso LeBarón sacudió a
El caso LeBarón sacudió a todo México el 4 de noviembre del 2019 (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de tres presuntos implicados en el multihomicidio de la familia LeBarón.

De acuerdo con la información preliminar, este lunes 23 de noviembre, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, gracias a un operativo en conjunto entre elementos de la fiscalía nacional, la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), se logró la aprehensión exitosa de Roberto “G”, alias El 32 o El Mudo; Eulalio “D”, alias El Cóndor; y Julio “C”, presuntos integrantes del Cártel de Juárez.

De acuerdo con la investigación realizada por la FGR, El Mudo es el presunto líder de la asociación criminal La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, en el municipio de Madera. Asimismo, se infiere que Roberto “G” fue agente antisecuestros, policía estatal de la entidad gobernada por Javier Corral y también fungió como escolta de Carlos Borruel, ex alcalde del municipio de Madera de 2007 a 2010.

Ataque contra la familia LeBaron
Ataque contra la familia LeBaron (Foto: Cuartoscuro)

La mañana del lunes 4 de noviembre del 2019, tres camionetas con 17 personas abordo salieron de la comunidad de La Mora, Sonora a Galeana, Chihuahua; sin embargo, nunca llegaron a su destino. A plena luz del día y en un camino conocido, fueron acribillados integrantes de la familia LeBarón, el grupo estaba compuesto por 14 menores y tres mujeres.

El saldo fatal del ataque perpetrado en Bavispe, Sonora, fue de nueve muertos: tres adultas y seis menores de edad. El primero que dio la voz de alarma de lo sucedido fue el conocido activista, Julián LeBarón, según su versión, quince miembros del clan LeBarón viajaban en tres camionetas tipo SUV, que conducían Rhonita María Miller, acompañada por sus cuatro hijos; Dawna LeBarón y sus siete pequeños; y Christina Langford con su bebé.

Tras el ataque, la comunidad mormona clamó por justicia ante un caso que apuntaba a una disputa en las inmediaciones de Sonora con Chihuahua entre La Línea y Los Salazar.

El duelo de la familia
El duelo de la familia LeBarón tras el atentado (Foto: Cuartoscuro)

Después del atentado, integrantes de la clase política y defensores de derechos humanos manifestaron su pésame a la familia chihuahuense y condenaron la agresión. En este sentido tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el poeta Javier Sicilia se solidarizaron con la comunidad mormona.

Cabe destacar que esta no era la primera vez que la familia fue víctima de la delincuencia. En 2009, la comunidad fue noticia al haber sido golpeada por la inseguridad. El 2 de mayo fue secuestrado Erick Le Barón, de entonces 17 años, y por su liberación se exigió la cantidad de un millón de dólares, pero, ante el hecho, la comunidad anunció su decisión de no pagar el rescate exigido y por el contrario buscar la liberación del joven. Ante la presión social ejercida por la familia, Erick fue liberado ocho días después sin que se hubiera realizado algún pago.

Semanas antes, otro de los integrantes de la familia, Benjamín LeBarón había recibido amenazas telefónicas en las que le advertían que dejara de solicitar la presencia de la policía. El 11 de junio de 2009, el Ejército detuvo a 25 hombres camuflados como soldados en el cercano poblado de Nicolás Bravo, que trabajaban para La Línea, según consigna la revista Proceso en una publicación de 2011.

La Caravana por la Paz
La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad encabezada por el activista y poeta Javier Sicilia y el activista Julián LeBarón (Foto: Galo Caños / Cuartoscuro)

Asimismo, la familia LeBarón ha tenido problemas ante la ley por el usufructo de pozos de agua en Chihuahua, pues la explotación del hídrico sin autorización legal enfureció a comuneros de la zona, quienes fueron a retirar por la fuerza la infraestructura de los mormones, pues le quitaba el agua diversas localidades.

Los barzonistas reclamaron que el rancho de los LeBarón tiene 12 pozos, la mayoría ilegales, y que las autoridades nada han hecho para detener su operación y que su sobreexplotación tendrá afectaciones severas.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que los LeBarón no tenían derecho sobre esos pozos y determinó que el gobierno de Corral Jurado intervenga para la repartición apropiada del agua.

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