El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, acusó este martes a la empresa española Iberdrola, que ha tenido roces en los últimos días con el gobierno mexicano, de haber incumplido con contratos de electricidad por hasta 10,000 millones de pesos.
“De Iberdrola van 10,000 millones de pesos que les pagamos y que no nos dan electricidad", expresó el funcionario durante su extensa comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, la cual duró alrededor de ocho horas.
”Resulta que la CFE paga el 100% y los despachos de energía nos dan el 30%, el 40%, o el 50% y se les dice que tenemos que cambiar el sistema, que hacen que sean leoninos esos contratos", agregó. “Esas son las circunstancias de la reforma energética que no podemos aceptar”, completó.
Y es que el jueves pasado, durante la presentación de los resultados de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, adelantó que su compañía no iniciaría ninguna nueva inversión si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador seguía sin aclarar sus políticas energéticas, de acuerdo con El Universal.
Ante la advertencia, López Obrador respondió que el único negocio que le importa al gobierno mexicano es el público. “Tenemos que defender a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos que defender a Pemex (Petróleos Mexicanos), no a las empresas particulares”, afirmó.
El mandatario mexicano añadió que no estaba en riesgo la inversión de este tipo de compañías, “siempre y cuando respeten las leyes de México y no haya corrupción”. Pero López Obrador dejó abierta la puerta a presentar una posible nueva reforma energética.
La relación entre Iberdrola y las autoridades mexicanas había empezado con buen pie. En mayo de 2019, la compañía extranjera había anunciado una inversión de unos USD 5,000 millones entre aquel año y el 2024, cuando finaliza el periodo de López Obrador.
Sin embargo, las postura reciente de la compañía terminó de amargar la relación. En junio pasado, Iberdrola canceló la inversión de unos USD 1,200 millones que haría en la construcción de la planta termoeléctrica de Tuxpan, en el estado de Veracruz.
Unos días después, el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, de Morena, el partido de López Obrador, anunció que sería la CFE quien continuaría adelante con el proyecto, licitando la construcción “donde empresas veracruzanas tendrán la oportunidad de trabajar”, dijo.
En su intención de proteger a las empresas productivas del estado mexicano, el gobierno de López Obrador ha instrumentado una política energética que ha sido fuertemente impugnada en los juzgados, donde la administración ha sufrido varios reveses.
Apenas este lunes, un juez federal amparó a dos empresas de energías limpias que habían impugnado un acuerdo energético de la actual administración que les impedía entrar en el mercado eléctrico de México.
La Justicia de la Unión amparó por lo tanto a Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable y Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.
Además, el juzgador resolvió que su sentencia debe tener “efectos generales”, por lo que frenó de seco una de las principales instrumentaciones de la Secretaría de Energía (Sener), en otro golpe más a la dependencia, cuyos empeños por impedir la entrada de empresas han sido detenidos en diversos aspectos por otros jueces federales e incluso por la Suprema Corte.
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