Las periodistas Fara González, Aranza Gallardo, Samantha Vargas, Fernanda Tapia y Darwin Franco relatan la forma en que, a través de reiteradas y múltiples solicitudes de información a diversas instancias correspondientes a todos los estados de la República Mexicana, llegaron a un diagnóstico de más de 38 mil 500 cadáveres no identificados que entraron a los Servicios médicos forenses (Semefo) para salir en dirección a cámaras frigoríficas, fosas comunes, o que incluso quedaron desaparecidos de los registros de las autoridades.
El inicio de la crisis forense se identifica en el gobierno de Felipe Calderón, durante el cual, en consecuencia de la militarización del país que formó parte de la “guerra contra el narcotráfico”, se desató la violencia a lo largo del territorio mexicano que quedó reflejada en 289 mil personas asesinadas y 70 mil desaparecidas.
En el año 2006, el primero de la administración de Felipe Calderón, el número de cuerpos no identificados en México era de 178; para el 2012, revela Quinto Elemento Lab, la cifra ascendió a 2 mil 225, con un total de 9 mil 349 casos acumulados. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cantidad de cuerpos no identificados alcanzó la suma de 17 mil 590 y en el 2019, ya durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se acumulan 4 mil 905 casos.
En este recuento anual, las periodistas revelaron que para 6 mil 869 cuerpos sin identificar, las autoridades no especifican un año de registro.
En la distribución de cuerpos no identificados por estado, se revela que son 5 entidades las que acumulan más de la mitad de estos casos: el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua y Baja California.
El reportaje declara que ningún gobierno, informe o diagnóstico ha sido capaz de dar información clara sobre el número de cadáveres no identificados y sus paraderos. Esto debido a que, en toda ocasión que se ha hecho público algún conteo oficial, los datos resultan inconsistentes con otras declaraciones y nunca se ha entregado el informe completo.
El último esfuerzo de aclarar esta situación fue en marzo del 2019, cuando, urgidos por la presidencia de Andrés Manuel, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas, presentaron en voz de este último los resultados de un informe que arrojó la cifra de 37 mil 443 cuerpos no identificados. Sin embargo, el informe nunca fue publicado y su metodología de conteo tampoco ha sido esclarecida.
Pese a que el gobierno no ha sido capaz de dar un diagnóstico certero, han ocurrido algunos sucesos que revelan la severidad de la crisis forense. Por ejemplo, los llamados “tráilers de la muerte” que recorrieron errantes las calles de Jalisco en 2018 y que llamaron la atención de la comunidad internacional.
Sobre el paradero de los cuerpos no identificados, las solicitudes de información realizadas por el equipo de Quinto Elemento Lab revelaron que 27 mil 271 se encuentran en fosas comunes, 5 mil 446 en los Semefos, 2 mil 589 fueron donados a universidades y 53 en funerarias. Sin embargo, llaman especial atención los 999 cuerpos de los cuales las autoridades admitieron desconocer su paradero y los 2 mil 533 de los cuáles no se obtuvo información.
Aún cuando se conoce el paradero de algunos cuerpos no identificados, las periodistas relatan una serie de inconsistencias que dificultan el esclarecimiento de la identidad de dichos cuerpos. En la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 23 VG/2019 sobre la revisión de las fosas clandestinas de Tamaulipas, se revela la incineración de números indefinidos de cuerpos, retrasos de 4 años en el cotejo de muestras genéticas, mezcla de osamentas de diferentes personas, entre otras irregularidades.
Esto provoca casos como el de 26 cuerpos de mujeres en el 2011, muchas de las cuales eran buscadas por sus familiares durante años, que se encontraban sin identificar en el anfiteatro de Ciudad Juárez.
Quinto Elemento Lab recupera también que la Comisión Estatal de Derechos Humanos registró 47 cuerpos en las morgues itinerantes de Jalisco que contaban con los datos necesarios para ser identificados.
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