Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, presentó este viernes una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto presidencial que permite a las Fuerzas Armadas volver a realizar tareas de seguridad pública hasta finales del mes de marzo del año 2024.
De acuerdo con la panista, este proceso se inició luego de un cuidadoso análisis, además de haber consultado a especialistas y organizaciones de la sociedad civil, así como de tomar en cuenta los pronunciamientos que hicieron en torno al tema la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
“Considero que existen razones fundadas para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, mediante una controversia, revise la constitucional del acuerdo”, comentó la diputada, quien se basó en las facultades que le otorga el artículo 233 del reglamento de la Cámara de Diputados para presentar dicha acción.
Rojas recordó que en mayo de 2019, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas acordaron reformar la Constitución con el fin de establecer un nuevo régimen jurídico para resolver la crisis de seguridad pública, el cual derivó en la creación de la Guardia Nacional.
Este nuevo cuerpo policial se concibió como una institución de carácter civil, disciplinado y profesional, cuya misión es la de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de la población, además de contribuir a la generación y preservación del orden público y de la paz social.
En este sentido dijo que la controversia presentada expone las razones por las cuales consideró que el decreto se aleja de los parámetros establecidos en la Constitución en términos de seguridad, “dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación”, se puede leer en el comunicado.
Desde la perspectiva de Rojas, el decreto presidencial contradice el texto constitucional en relación a la complementariedad y subordinación de las fuerzas armadas con las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, pues establece que el secretario en esta materia deberá “coordinarse” con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina (Semar).
Otro punto que destacó la controversia es que si bien el principio de fiscalización exige que el control de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública debe ser llevado a cabo por “órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”, esto no se cumpliría, pues dejaría la supervisión y el control de sus tareas a los órganos internos de control de la dependencia correspondiente.
El objetivo de esta controversia, apuntó Laura Rojas, no es el de cuestionar la facultad del presidente López Obrador para disponer de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, sino cerciorarse “que cumpla con los criterios que establece la Constitución y, con ello, asegurar que sus acciones para otorgar seguridad sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad”.
Cabe recordar que desde que anunció este decreto presidencial, el jefe del Ejecutivo ha recibido importantes críticas, pues organizaciones civiles y comentaristas de la vida política del país mencionar que una medida de estas características era incongruente en relación a sus promesas electorales en torno a sacar al Ejército de las calles.
El periodista Héctor de Mauleón, por ejemplo, señaló que al permitir que las Fuerzas Armadas actúen en tareas de seguridad pública se les “otorgó el poder de detener e investigar a civiles, el cual fue el sueño de las viejas dictaduras latinoamericanas del siglo XX y ese es el riesgo que estamos viviendo ahora”.
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