Gobierno de España autorizó la extradición de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México

El empresario tiene un caso abierto por lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal por casi 500 millones de dólares

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Se le relaciona con Emilio
Se le relaciona con Emilio Lozoya en una defraudación a Pemex (Foto: Juan Pablo Zamora / Cuartoscuro)

El poder judicial de España autorizó la extradición de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), quien tiene una acusación pendiente en México por lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal en agravio al erario nacional por una transacción en donde se vio involucrado Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con versiones oficiales, el empresario mexicano fue aprehendido en la isla de Palma de Mallorca en mayo del 2019, después de que la Interpol girara una ficha roja contra él tras su huída de suelo mexicano cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló sus cuentas bancarias para investigarlo.

En el momento de la detención, el gobierno español señaló que el también ex presidente de la Cámara Mexicana de Hierro y Acero (Canacero) vivía en una lujosa residencia y de acuerdo con una fuente cercana al proceso, la Sala de la Audiencia Nacional que se hizo cargo del caso decidió rechazar el recurso de la defensa del mexicano para proceder a la extradición. Sin embargo, también apuntó que aún tiene que pasar por ciertos trámites administrativos y existe la posibilidad de que la defensa de Ancira Elizondo promueva otro amparo.

Alonso Ancira, presidente de Altos
Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA) al momento de su traslado (Foto: EFE)

Conforme a los resultados de una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el empresario mexicano, uno de los más ricos del país, y Lozoya Austin son los responsables directos de una compra en 2014 hecha a sobreprecio de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes poco productiva a nombre de Alonso Ancira, en detrimento del erario de la petrolera mexicana.

“Se investiga el hecho de que AHMSA haya vendido la planta de fertilizantes, que era una planta de 50 millones de dólares y la vendieron en casi 500 millones de dólares, cuando no tiene una operación útil, es una operación en perjuicio de las finanzas públicas y estas evidencias nos llevaron a congelar las cuentas y la detención del señor Ancira. AHMSA le paga a la filial de Odebrecht, que le paga a la empresa vinculada a Lozoya y de ahí varios pagos a otras personas, entre ellas su hermana”, declaró en mayo del año pasado Santiago Nieto, director de la UIF.

Alonso Ancira, de 64 años, compró AHMSA al gobierno mexicano en 1991, cuando el gobierno del presidente priista Carlos Salinas de Gortari privatizó la industria del acero bajo el argumento de que el Estado mexicano hace improductivas las empresas. Contrastantemente, 23 años después, el empresario vendió Agro Nitrogenados a una empresa del Estado mexicano y mejoró su productividad.

Emilio Lozoya y Alonso Ancira
Emilio Lozoya y Alonso Ancira juntos en México (Foto: Juan Pablo Zamora / Cuartoscuro)

Ancira Elizondo llevaba su proceso en libertad bajo fianza después de pagar un millón de euros (24.66 millones de pesos), en la cual entregó su pasaporte a autoridades de España y se reportaba frecuentemente con la comisaría correspondiente.

Conforme al proceso legal español, es probable que en pocos días se dicte una orden de aprehensión para que Ancira sea encarcelado hasta que se formalice su extradición.

El avance para la extradición en el proceso del caso Agro Nitrogenados supone un acierto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien ha promovido, desde su campaña, la lucha contra la corrupción. La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha tenido poco más de un años para preparar el caso que empaña la imagen pública de Emilio Lozoya como director de Pemex, y se ha visto a través de distintas conferencias pertinentes al caso que existen varias dependencias que coadyuvan en la investigación del caso, tales como la UIF, la ASF, la SHCP y la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval.

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