En el contexto mexicano, la vida de las personas y los funcionarios públicos se encuentra cada día más atravesada por la violencia y la inseguridad, en gran parte relacionada con grupos del crimen organizado, quienes han hecho que en al menos 50 municipios del país los funcionarios encargados de distribuir los apoyos sociales hayan tenido que detener total o parcialmente la entrega de los mismo.
La problemática no solo está relacionada con conflictos sociales, políticos o electorales. Los grupos armados han intimidado, atacado e incluso, a uno de ellos en Puebla, acribillado para hacerse con los insumos e ingresos que estaban destinado a personas de escasos recursos, beneficiarias de los programas sociales, reveló el periódico El Universal.
Por medio de una solicitud de información fue posible dar a conocer que en varios estados existen este tipo de problemáticas. Los más destacados han sido: Oaxaca es uno de ellos, con 14 municipios; Puebla, con 18; Tamaulipas, con 11; Chiapas, cinco y Durango y Sonora con uno cada uno.
De acuerdo con la información, la suspensión o intermitencia de la entrega de los apoyos está directamente relacionada con los altos niveles de agresión y violencia hacia los trabajadores del gobierno federal encargados de llevarlo hasta cada uno de los municipios.
Se registró que 13 de los 50 ayuntamientos más peligrosos han tenido que dejar a un lado la entrega por cuestiones de seguridad, mientras que a nivel colonia se contaron 115 lugares que representan un problema para los colaboradores federales.
Estados conflictivos para la entrega
Los municipios y colonias que han tenido que dejar de lado la entrega de apoyos sociales se encuentran principalmente en seis estados de la república, cada uno de esos lugares tiene contextos y situaciones que han obstaculizado las entregas.
En Oaxaca, las autoridades han tenido que enfrentar conflictos comunitarios y agrarios, además de que el alza en los homicidios ha sido otro factor relevante para evitar ingresar a los municipios.
En Tamaulipas, existe una fuerte presencia de grupos armados y delincuencia organizada, la cual ha hecho que en 33 colonia fueran de difícil acceso. En Puebla existen dos casos de empleados del gobierno que fueron atacados por grupos de delincuencia organizada.
Los grupos delictivos a los que se han tenido que enfrentar las autoridades se centran en robo a transporte, mercancías y gas a través del huachicol. Este tipo de actos delictivos han generado también que los trabajadores no lleguen a determinados puntos para no ser reprendidos. por los delincuentes.
Bajo esta dinámica se encuentran también los estados de Sonora y Durango, en los que los servidores de la nación se encuentran amenazados de manera constante para que no entren a ciertos poblados.
Por último en el estado de Chiapas, como en Oaxaca, los conflictos comunitarios han cobrado mucha fuerza, sobre todo, a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes no han permitido el paso de apoyos sociales a la zona en el municipio de Tila.
Pero en otras comunidades, como Bochil, no es posible ingresar debido a una “aparente delincuencia organizada”. También se ha registrado la presencia de grupo en defensa de la tierra, cuyos enfrentamientos dejarían en una posición vulnerable a los empleados.
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