La tarde del pasado martes, el comité Cerezo (organización defensora de derechos humanos) revivió la violencia que tuvieron que pasar 20 familias de la comunidad 2 de noviembre, en el municipio de Socoltenango, Chiapas, luego de un desalojo forzoso, donde hubo quema de viviendas y robo de pertenencias por parte de policías.
De acuerdo con esa organización, el pasado 4 de noviembre, cerca de mil elementos estatales, municipales y de la Policía Federal arribaron a la pequeña comunidad chiapaneca alrededor de las 7:00 horas.
Mujeres y niños tuvieron que soportar el comportamiento de las fuerzas del orden, quienes arribaron al lugar con armas de fuego, armas de gases lacrimógeno, vehículos de volteo y una tanqueta para el desalojo de las familias.
Los hechos ocurrieron de las 07:00 a las 9:00 horas, donde los elementos policiacos robaron pertenencias que se encontraban dentro y fuera de los hogares, así como animales.
Tras llevarse animales como: becerros, ovejas, gallinas, además de electrodomésticos (estufas, refrigeradores, planchas), muebles, herramientas de trabajo, colchones, entre otros, los oficiales destruyeron y prendieron fuego a las casas.
Este 3 de diciembre, Antonio Cerezo Contreras, uno de los líderes de la organización anunció que antes de la acción no hubo ninguna notificación legal para informar sobre el desalojo con anterioridad, como debe existir, de acuerdo al marco internacional de los derechos humanos.
El activista destacó además el estado de salud de algunos bebés y la preocupación que observaron en las madres de los pequeños tras el hecho.
“En la misión de observación y documentación de violaciones de derechos humanos realizada por diferentes organizaciones el día 14 de noviembre de 2019 a la comunidad pudimos constatar el estado de zozobra y preocupación de las madres, pues de 5 bebés de la comunidad 3 estaban enfermos, varios niños de los 21 restantes tenían tos o fiebre por dormir en un espacio de seis por tres metros sin paredes, sin piso ni cobijas suficientes”, dijo.
Cerezo Contreras aseguró que las víctimas del desplazamiento eran defensores de la tierra e integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), y que la manera de actuar de agentes de la entidad y federales es una grave violación a los derechos humanos, ya que atentaron contra las normas internacionales de derechos humanos en casos de desalojos.
Asimismo, dijo que hasta el momento ninguna autoridad ha actuado de manera oportuna para garantizar los derechos humanos de niños, mujeres y hombres defensores de la tierra.
Durante una conferencia de prensa reveló que las familias fueron hostigadas y no cuentan con atención médica, agua potable, baños, ni alimentación adecuada, a pesar de que ya regresaron a su comunidad viven en condiciones deplorables.
Fernando Ríos, secretario Ejecutivo de la Red de Organismos Civiles Todos lo Derechos para Todos y Todas declaró que las familias volvieron a sus hogares.
“En este desplazamiento forzado, alrededor de 20 familias fueron saqueadas y hostigadas, pero ya se encuentran otra vez en su comunidad; sin embargo, viven en condiciones difíciles”, resaltó.
Autoridades estatales anunciaron por medio de un comunicado, publicado el día del desalojo, que hubo una recuperación de predios, los cuales estaban invadidos desde 2015.
Los predios son: San Gregorio (159 hectáreas) y San Martín El Cairo (5 hectáreas), ubicados dentro del municipio de Socoltenango.
Según la versión de los uniformados, el operativo se llevó a cabo de manera pacífica y que a solicitud de la parte afectada tuvieron que destruir 35 casas en su totalidad.
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