Cuáles son los 21 estados que presentaron irregularidades en su comprobación de gastos 2018

El destino de 6 mil 432 millones de pesos del erario publico no se conoce con claridad, ya que los estados que reportaron haberlo gastado no han presentado la documentación necesaria para demostrar cuál fue su uso.

Según la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), consultada por Reporte Índigo, 21 de las 32 entidades federativas del país presentaron irregularidades en la comprobación del desembolso.

Fueron cuatro los estados que más presupuesto gastaron sin precisar de manera correcta en qué. Puebla gastó, sin comprobar, 2 mil 326 millones de pesos. Lo que representa 36,2% del total del que se desconoce destino, según el análisis de la ASF. En el caso de Michoacán, fueron 783.5 millones de pesos, es decir, 12,2%.

El Estado de México también tuvo una cantidad alta de presupuesto con anormalidades en el gasto: 698.2 millones de pesos no fueron comprobados, lo que representa 10.9% del total. De la misma manera Coahuila es una entidad con un alto monto de desembolso presupuestal sin los protocolos necesarios para verificar su destino, con 653,4 millones de pesos, lo que representa 10.2%.

Esos cuatro estados acumularon casi 70% del total de los recursos de los que se desconoce su destino con exactitud. Igualmente, otras 14 entidades federativas no comprobaron más de 50% del gasto del presupuesto que les fue otorgado, como Durango, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Colima y Nayarit.

Las anomalías se debieron a retrasos en la entrega de información, falta de coordinación entre los organismos responsables de emitir los documentos, y los órdenes de gobierno.

Aunque no se descarta el desvío de recursos, también se considera que las anomalías en los protocolos de comprobación se derivan de personal mal calificado para llevarlos a cabo según el economista Víctor Campos, consultado por Reporte Índigo.

"Con la llegada de la Cuarta Transformación hubo un recorte masivo en las dependencias, incluidas las secretarías de Finanzas. En este momento muchos gobiernos estatales y municipales no tienen la capacidad para atender los requerimientos de una auditoría, por eso el hecho de que no haya una entrega clara de la información provoca que la ASF esté muy al pendiente”, dijo el especialista.

Y agregó que la responsabilidad de llevar a cabo los procedimientos correctos no recae por completo en los gobiernos estatales. También los municipios han presentado problemas para cumplir con la documentación básica de comprobación de gastos porque no cuentan con instrumentos eficaces y protocolos de documentación claros. Lo que convierte las irregularidades en una cadena negativa que llega hasta la ASF.

Alternativa: digitalización para transparencia

Víctor Campos y Carlos Brown, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, dijeron a Reporte Índigo que una buena opción para evitar que se obstaculice la transparencia en gasto público serían las herramientas tecnológicas.

“Esta medida lleva años queriéndose implementar sin mucho éxito, pero con una auditoría digital los procesos serían mucho más fáciles y no habría retraso en la entrega de documentos físicos. Sin embargo, es fundamental que los gobiernos estatales y municipales lleven una mejor administración de sus recursos”, comentó Campos.

Estas herramientas, además, debería ir acompañadas de reglas claras de transparencia. “Es fundamental para el trabajo y el avance de una auditoría que la digitalización sea aparte y también la coordinación con el SAT. La participación ciudadana resulta fundamental no sólo para que esta medida funcione, sino para que las personas puedan apropiarse y exijan una rendición de cuentas adecuada”, comentó Brown.

En tanto, los recursos que ahora se encuentran como irregulares, tendrán que ser aclarados. Los estados deberán entregar la documentación correspondiente para justificar su gasto.

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