
Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), acusada de ejercicio indebido del servicio público y desvío de recursos públicos, llegó este 8 de agosto a las inmediaciones del Reclusorio Sur para comparecer en audiencia.
Apareció vestida de blanco, acompañada de su abogado Julio Hernández y de su hija Mariana Moguel. Aunque la cita con la justicia estaba fijada para las 11:00, la ex funcionaria llegó arribó una hora antes al sitio.
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Medios de comunicación la esperaban, pero ella dio sólo una breve declaración "Solamente quiero decirles que estoy bien. Lo único que les quiero decir… en este momento voy a entrar a conocer apenas. Aquí estoy, como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y estoy muy tranquila", dijo Robles, quien fue secretaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y aseguró que al salir de la audiencia daría más detalles sobre cómo está enfrentando el proceso jurídico y qué es lo que conoce sobre su situación legal.
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La también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tuvo que asistir a comparecer luego de que el día de ayer, 7 de agosto, un juez federal le negó una suspensión definitiva para frenar cualquier orden de aprehensión en su contra, ya que no existe un mandato del que deba ser protegida.
Sin embargo, en caso de ser vinculada a proceso, Robles podría enfrentarlo en libertad, ya que el delito del que se le acusa no es grave. Según una investigación derivada de la publicación periodística La Estafa Maestra, la ex funcionaria habría dado contratos irregulares por 7.670.000 de pesos a 186 empresas fantasmas entre el año 2013 y 2014.
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La audiencia a la que se enfrenta el día de hoy es el primer paso para llevar a cabo un proceso legal que la involucra y que inicia con una formulación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los ilícitos presuntamente cometidos.
Según el portal Animal Político, el día de hoy no se determinará si Rosario Robles es culpable o no, pero sí se podrá determinar si se vincula a proceso e inician las investigaciones para comprobar su participación en los delitos, o si se cierra el caso porque el juez determina que los crímenes cometidos no existieron, o faltan pruebas.
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Rosario Robles es la única funcionaria de gobierno federal vinculada a La Estafa Maestra que ha sido señalada de manera legal por su colaboración en el desvío de recursos.

Otros organismos señalados fueron el Banco Nacional de Obras con Alfredo del Mazo, hoy gobernador del Estado de México, a la cabeza, y Petróleos Mexicanos bajo la dirección de Emilio Lozoya.
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Varias instituciones de gobierno durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, desviaron 7.760.000 millones de pesos a lo largo de varios años; principalmente entre 2013 y 2014.
Las secretarías involucradas contrataban universidades para justificar los gastos que realizaban. Apuntaban que las escuelas realizaban algún servicio para el gobierno, pero para el que no estaban capacitadas. Por lo que recurrían a subcontratar a otras empresas, pero que tampoco tenían los conocimientos o herramientas necesarias para ejercer las labores.
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En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, el desvío de recursos se hizo a costa de la población más pobre del país. Un presupuesto destinado al programa Cruzada contra el Hambre, de 2.200.000 de pesos, no fueron gastados en beneficio de las personas.
Sin embargo, es una situación que intentó evitar. La ex funcionaria, a pesar de defender su inocencia, el martes 6 de agosto depositó casi 70.000 pesos para no ser detenida.
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