En el último día de su gobierno, Enrique Peña Nieto firmó un acuerdo gubernamental para dar a particulares 24 mil metros cuadrados de un terreno forestal de 15 hectáreas perteneciente al Centro de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Ambiental (CENID-Microbiología), sin embargo, su entrada en vigencia quedó pendiente.
Para el 13 de diciembre de 2018, las autoridades federales, dirigidas por Andrés Manuel López Obrador, consumaron la entrega del espacio por medio de la publicación del acuerdo de cesión en el Diario Oficial de la Federación.
Consultada por Animal Político, la oficina de la Presidencia aseguró que "este gobierno (el de López Obrador) no tenía alternativa, dado que los métodos alternativos de solución de controversias (método conciliatorio empleado por la administración pasada para abordar la invasión del terreno) tienen fuerza vinculante". Por eso, la oficina mencionó que la publicación de la entrega "no se trata de una convalidación, sino del respeto al orden institucional".
Para justificar la entrega del terreno a particulares, en el acuerdo de desincorporación se establece que las 15 hectáreas de suelo forestal están física, administrativa y estructuralmente en "desuso".
No obstante, esta aseveración es falsa, pues ahí operan las oficinas centrales del CENID, además de áreas de aislamiento donde se hace investigación en materia de salud animal, salud alimentaria y enfermedades que pueden transmitirse de animales a humanos.
Los particulares e inmobiliarias invasoras a las que se les dará la extensión territorial son: la particular María Elena Trejo Guerrero, el particular Juan Reséndiz Vázquez, la inmobiliaria F4 SA de CV y la inmobiliaria Fridman y Valls SA de CV.
El terreno fue invadido desde 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón. Entre 2013 y 2018 en la zona se construyeron edificios de oficinas y departamentos de lujo sin que las administraciones de Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera hicieran algo para impedirlo.
A pesar de que desde 2013, personal del CENID alertó de las construcciones a Presidencia, la respuesta que recibieron en 2016 no fue favorable, pues fue cuando el gobierno federal puso las 15 hectáreas a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Raíces, para iniciar su proceso de desincorporación del patrimonio nacional.
El lugar invadido se encontraba en una loma, la cual fue removida por las inmobiliarias que se adueñaron ilegalmente del lugar en 2011, con el fin de dejar el terreno al mismo nivel de la autopista México-Marquesa, una de las zonas con mayor valor inmobiliario.
Hasta ahora, sólo esos 24 mil metros cuadrados han sido entregados, las 12.6 hectáreas restantes siguen a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Raíces y la administración actual informó que serán congruentes con lo declarado por AMLO sobre no promover los desarrollos inmobiliarios en Santa Fe, dando así prioridad a la conservación del medio ambiente.
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