En la víspera de la elección presidencial en México, la violencia política hizo llamado de atención en Tabasco y Guerrero.
Es este último, en el puerto turístico de Acapulco, aparecieron mantas con amenazas de muerte para quienes cometan delitos electorales durante esta jornada, atribuidas a grupos criminales.
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De acuerdo con las autoridades de Guerrero, las mantas aparecieron desplegadas en decenas de puentes peatonales y vehiculares de al menos 12 puntos de la ciudad, entre ellos, el centro de Convenciones y el macro túnel que cruza la ciudad.
El mensaje es el mismo: "A la ciudadanía de Acapulco. Se le advierte a quien se sorprenda encausando el voto a favor de algún partido, vamos por él. Tenemos todo monitoreado. El voto es libre y secreto. Atte. La ciudadanía de Acapulco. Viva la libertad".
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En Guerrero operan 18 bandas criminales en las siete regiones de la entidad, y 20 organizaciones armadas denominadas policías comunitarias y grupos de autodefensa, indica un reporte difundido por la administración de Héctor Astudillo, gobernador del estado.
Chocan militantes de PRD y PRI
Otro hecho violento se reportó también en Tabasco, donde una persona murió en un enfrentamiento entre militantes de PRD y PRI, en Huamanguillo.
El alcalde perredista con licencia de ese municipio y candidato a reelegirse en el cargo, José Sabino Herrera Dagdug, lamentó los hechos ocurridos en la comunidad de Tenerife.
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"Las cosas se salieron de control y una persona perdió la vida, durante un enfrentamiento con simpatizantes de nuestro partido", escribió en su cuenta de Facebook.
El enfrentamiento ocurrió entre seguidores de Sabino y de Minés de la Fuente, candidata del PRI a la alcaldía de Huimanguillo.
Presuntos simpatizantes de Sabino, que viajaban en una camioneta Dodge color blanca, rompieron vidrios de un vehículo que conducía Gerarld Washington, esposo de la candidata priista.
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Los seguidores de Minés de la Fuente, que acompañaban a su esposo, alcanzaron la camioneta donde viajaban los agresores, le poncharon las llantas y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).
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