
La naturaleza le propinó a México un "septiembre negro". Dos sismos, cuatro tormentas tropicales y un huracán dejaron tras de sí casi 500 muertos en el país.
Por sus características geográficas, México ocupa el lugar siete en la lista de países con más población expuesta a riesgo por sismos (37,6 millones de mexicanos), el seis por la cantidad de superficie construida en zonas sísmicas (8.000 kilómetros cuadrados) y el lugar 10 por el número de habitantes expuestos a fenómenos hidrometeorológicos (1,6 millones), de acuerdo con el Atlas Humano 2017 (Atlas of the Human Planet 2017) que por segundo año consecutivo elabora la Comisión Europea.
A partir de los dos sismos de septiembre, que hasta ahora suman juntos 464 muertos, expertos en materia de protección civil y prevención de riesgos consideran que el temblor del pasado 19 de septiembre deja lecciones y retos para México.

Entre otros, ampliar el sistema de alerta temprana para sismos y otros fenómenos, invertir en tecnología, elaborar y hacer públicos los atlas de riesgo para cada uno de los 2,450 municipios y 32 estados del país –incluida la capital–, fortalecer las capacidades de protección civil, rescate y resilieencia de la población, mejorar las normas de construcción y vigilar su cumplimiento.
Estas son las medidas que proponen Rubén Dorau, especialista del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, y las académicas María Elena Durán Lizárraga y Laura Marina Aguirre, de la licenciatura en Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
La alerta salva vidas
El temblor del pasado 19 de septiembre no activó a tiempo el sistema de alerta sísmica porque el epicentro ocurrió en una zona donde no hay sensores. Estos se activaron recién cuando la onda sísmica tocó el estado de Guerrero, en el Pacífico, pero ya había pasado por la Ciudad de México.
A partir de esa experiencia, los especialistas coinciden en la urgencia de perfeccionar la tecnología y ampliar la red de sensores y alertas a todas las zonas vulnerables a temblores de gran magnitud y "otros fenómenos perturbadores" como tormentas, dice Dorau García.

Actualmente sólo la Ciudad de México cuenta con el mecanismo de alertamiento temprano en todo su territorio. Otros estados de riesgo –como Oaxaca, Guerrero, Puebla y Michoacán– sólo tienen cobertura parcial y algunos ni siquiera disponen de este mecanismo, por ejemplo, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Estado de México y Morelos.
Hay que valorar el tiempo que ofrece la alerta sísmica porque nos permite tomar decisiones antes de que ocurra un temblor, afirman las académicas de la UACM. "Aun si estás en un piso 11, cuando no es aconsejable evacuar, esos segundos los tendrás para decidir dónde replegarte", dice Durán.
Dorau advierte que la tecnología preventiva debe ampliarse también a zonas rurales, porque hay 80 millones de mexicanos con teléfonos inteligente, pero otros 40 millones no disponen de ellos para informarse o comunicarse.
Los especialistas también recomiendan fortalecer las capacidades de los ciudadanos en situaciones de emergencia y promover la formación de brigadas y redes comunitarias. "Mucha gente ayudó en el sismo, pero también arriesgó su vida y hay que enseñarles protocolos para que eso no suceda", dice Dorau. "Tenemos que ser menos reactivos".

Claves de la prevención
La información es vital en casos de emergencia. Por eso los expertos recomiendan que cada una de las 2.457 alcaldías y 32 entidades –incluida la capital– cuenten con un atlas de riesgo disponible para los ciudadanos. "La mayoría no cuenta con uno o no lo tiene terminado", afirma Dorau.
Además "es urgente promover conductas éticas y responsables de los medios de comunicación para que ofrezcan información confiable, veraz y objetiva", dice Durán.
Considera que también son indispensables los simulacros y programas de protección civil en oficinas públicas y privadas, porque permiten identificar peligros y tomar medidas para disminuirlos.
Los especialistas destacan además la necesidad de revertir la corrupción en los trámites de construcción de vivienda, tener normas estrictas y cumplirlas, y planear mejor el crecimiento de las ciudades de acuerdo con sus características.
"Algunas zonas amplifican las ondas sísmicas y si se hacen edificaciones que no toman en cuenta los tipos de suelo, seguiremos teniendo las afectaciones a los inmuebles que vemos ahora", dice Durán.
Desconfianza y desinformación
"Un desastre ocurre cuando un gobierno pierde capacidad de poder atender a la población en una emergencia", explica Dorau.
En el caso del sismo del 19 de septiembre los expertos consideran que las autoridades respondieron bien, en términos generales. "Actuaron de acuerdo con el protocolo y en los tiempos establecidos", dice el experto del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil.
Durán y Aguirre destacan la coordinación del Ejército con la población civil, a pesar de algunos episodios de fricción que atribuyen a la desconfianza de los ciudadanos en las autoridades.

"Hubo casos en que los militares iban cargando televisores y enseres domésticos, y algunas personas les gritaron 'ladrones', sin saber que ayudaban al dueño a desalojar y salvar sus cosas", afirma Durán.
Las académicas consideran, sin embargo, que falta información clara sobre los fondos de emergencia, el acceso a donaciones, la valoración de inmuebles y la protección de los derechos de las personas que perdieron su casa y están desalojadas por daños en sus inmuebles.
Dorau afirma al respecto que es necesario promover el aseguramiento de bienes para trasladar los riesgos a las aseguradoras. Pero en México sólo 8.6% de los casas y departamentos tienen un seguro de protección contra sismos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Sólo en la recién elaborada constitución de la Ciudad de México la protección civil está considerada como un derecho humano. Habrá que esperar las leyes y los reglamentos que lo garanticen, dicen las académicas de la UACM.
Pero hay que tener claro que la protección civil y la gestión de riesgo es responsabilidad de todos, afirman.
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