Siete ciudadanos chinos fueron acusados en Estados Unidos de participar en una supuesta campaña para forzar a un compatriota con residencia estadounidense a regresar a China, en el marco de una operación de “repatriación extralegal internacional” dirigida por Pekín.
El Departamento de Justicia sostuvo el jueves que los acusados estaban involucrados en la denominada Operación Fox Hunt de Pekín, que según las autoridades estadounidenses involucra “escuadrones de repatriación” extrajudiciales para obligar a expatriados a regresar a China.
Pekín ha defendido la operación como parte de una campaña anticorrupción que busca que presuntos fugitivos chinos en todo el mundo enfrenten cargos en China.
Pero según las autoridades estadounidenses, en muchos casos se trata de opositores al gobierno chino.
Las siete personas acusadas el jueves supuestamente vigilaron y acosaron a la familia de un ciudadano chino de “élite” en el extranjero al que llamaron John Doe-1, con el fin de obligarlo a regresar.
“Los acusados participaron en una acción policial unilateral y descoordinada en suelo estadounidense en nombre del gobierno de la República Popular China, en un esfuerzo por provocar la repatriación forzosa de un residente estadounidense a China”, dijo el fiscal Breon Peace al anunciar los arrestos.
“Estados Unidos contrarrestará con firmeza esas violaciones escandalosas de la soberanía nacional y procesará a las personas que actúen como agentes ilegales de estados extranjeros”, aseguró en un comunicado.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, condenó el viernes la acusación y dijo que Pekín estaba involucrada en “combatir crímenes, repatriar fugitivos y recuperar ganancias ilegales” y esto cuenta con el apoyo de la comunidad internacional.
“Al hacer esas acusaciones, Estados Unidos niega hechos básicos y desacredita los esfuerzos de aplicación de la ley en China”, subrayó Wang. “Nos oponemos firmemente”, sentenció.
Dos de los acusados, Quanzhong An, de 55 años, y su hija Guangyang An, de 34, fueron arrestados el jueves, mientras que los otros cinco siguen prófugos.
El Departamento de Justicia detalló que Quanzhong An, a quien describió como un empresario de Nueva York, era el enlace clave de Pekín en Estados Unidos. Señaló que este hombre admitió actuar como agente de la Comisión Provincial de Control Disciplinario del gobierno chino y agregó que se reunió varias veces con el hijo del John Doe-1 para transmitirle “reiteradas amenazas” en nombre de las autoridades chinas.
“Las víctimas de este caso buscaron huir de un gobierno autoritario, dejando atrás su vida y su familia, por una vida mejor aquí. Ese mismo gobierno envió agentes a Estados Unidos para hostigarlos, amenazarlos y devolverlos a la fuerza a la República Popular China”, dijo el responsable del FBI que participó en la investigación, Michael Driscoll, citado en el comunicado.
El grupo de derechos humanos Fundación Safeguard Defenders, con sede en España, en un informe en enero citó cifras oficiales para estimar que casi 10.000 ciudadanos chinos habían sido repatriados a la fuerza desde 2014. A través de dos programas, Operation Fox Hunt y Operation Sky Net, esas personas fueron presionadas para regresar a China en contra de su voluntad a través de secuestros, acoso e intimidación, según el informe.
(Con información de AFP)
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