Apenas semanas después de que la Corte Suprema de Justicia oficialmente dejara sin efecto el fallo Roe v. Wade, que durante 50 años hizo que el aborto fuera legal en todo EEUU, varios estados en la nación aprobando leyes de aborto restrictivas. En ese contexto, hay un estado de confusión acerca de qué es legal y qué no es en cada caso.
Si bien no hay ninguna ley estatal de aborto que contemple la posibilidad de no realizar el procedimiento pese a que la vida de la madre está en riesgo, muchos médicos están preocupados porque temen que si realizan este tipo de procedimientos puedan tener que terminar defendiendo su juicio profesional en una corte.
Previendo que esta pueda ser una preocupación que muchos profesionales médicos tengan, el Departamento de Salud y Servicios Sociales de la nación envió un memorando a hospitales y médicos particulares recordándoles acerca de la Ley Federal de Tratamientos Médicos de Emergencias y Partos Activos (EMTALA por sus siglas en inglés) y aclarando la guía federal de procedimientos en casos de embarazos en los que la vida de la madre corra riesgo.
Bajo esta ley de mediados de la década del 80 es legal en los 50 estados el tratamiento de casos de riesgo en embarazos, incluyendo la posibilidad de hacer un aborto si es necesario.
“Hoy, de manera fehaciente, les recordamos que esperamos que todos los proveedores de salud continúen ofreciendo este tipo de servicios y que la ley federal se adelanta a las prohibiciones locales contra el aborto en casos de emergencia. Bajo la ley, sin importar dónde vivan, las mujeres tienen derecho a tratamientos de emergencia, incluidos los abortos de emergencia”, indica el memorando firmado por Xavier Becerra, Secretario de Salud y Servicios Públicos.
Pero la administración Biden va más allá de solo recordar lo que la ley federal indica, sino que aseguran que tomarán medidas contra quienes no cumplan con la ley federal. Los médicos u hospitales que no cumplan con lo establecido en EMTALA pueden enfrentar multas y -en el caso de hospitales o clínicas- pueden perder el estatus que les permite atender a pacientes con MEDICARE (el seguro de salud público a nivel nacional).
Por último, en el memorando se recuerda que los médicos tienen la discreción de decidir qué tipo de procedimiento realizar, inclusive en casos en los que no corre riesgo la vida de la madre pero se enfrenta a serias consecuencias.
Este memorando es la acción más concreta que ha tomado la administración Biden desde el fallo de la Corte Suprema con respecto al aborto. Organizaciones a favor del derecho al acceso al aborto han puesto mucha presión sobre el gobierno federal para que impulse una ley federal al respecto.
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