Uno de los grandes temas de la agenda política más progresista que se esperaba que el presidente Joe Biden implementara en los Estados Unidos tiene que ver con el aborto. Durante la presidencia de Donald Trump, el gobierno federal puso trabas al asunto y quitó fondos a organizaciones encargadas de financiar este tipo de procedimientos, entre otras cosas, como Planned Parenthood. Si bien cada estado tiene sus propias regulaciones al respecto, el gobierno federal puede pautar los límites de estas legislaciones locales.
En esa línea, Biden firmó este jueves una serie de ordenes ejecutivas para dar marcha con distintas medidas alusivas, sobre todo aquellas que limitaban el apoyo financiero a todo lo que se relacionara con abortos, desde el envío de fondos a organizaciones internacionales que promueven la educación acerca de las interrupciones de embarazos hasta la promoción de la postura de los Estados Unidos con respecto al tema a nivel global.
La primera orden revertida es la llamada política de Ciudad de México, una regulación que lleva décadas vigente y que prohíbe al gobierno de Estados Unidos apoyar económicamente a cualquier organización que tenga clínicas donde se realizan abortos u otorgue información al respecto. Si bien esta no fue una medida impuesta por el ex presidente Trump, durante sus cuatro años en la Casa Blanca extendió la medida y la apoyó publicamente. Esta entró en vigencia hace 35 años y las distintas administraciones la cancelaban o extendían según su ideología. De este modo estuvo en vigor durante 20 de estos 35 años.
También en el plano internacional, se espera que Biden ponga fin a la participación de Estados Unidos en la Declaración de Consenso de Ginebra, un acuerdo firmado el año pasado por una docena de países que indica que “no existe un derecho internacional al aborto y que los estados no tienen ninguna obligación internacional de financiar o facilitar abortos.”
A nivel nacional, se espera que Biden le indique al departamento de salud y servicios humanos que elimine la medida conocida como Título X, que le quita fondos a organizaciones como Planned Parenthood o cualquier otra organización que facilite la realización de abortos. La misma medida reestablecería los estándares de la administración Obama, que posibilitaba que las clínicas subsidiadas por el estado que ofrezcan servicios de medicina reproductiva para personas de bajos recursos puedan ofrecer también interrupciones de embarazo a pedido de las pacientes. La quita de fondos a este programa fue disputada en el plano legal y en este momento está a la espera de una resolución de la Corte Suprema que determine si fue legal eliminar este financiamiento.
Más allá de la decisión del máximo tribunal, los fondos podrían volver a expedirse durante los próximos 30 días. Eso no implica que el dinero llegue tan rápido a las clínicas, con lo cual la restitución del programa podría llevar meses.
“Que todos los proveedores puedan volver a calificar al programa Titulo X no va a ser algo inmediato como apretar un botón”, dijo ante la prensa Alexis McGill Johnson, presidente de Planned Parenthood, quien no obstante se mostró entusiasmado ante la firma de los nuevos decretos.
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