
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, calificó este martes de “dictador” al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega. También lo acusó de “redoblar la represión” contra la prensa independiente y la oposición en este país centroamericano.
“A pesar del llamado de la comunidad internacional a elecciones libres y justas, Daniel Ortega está redoblando la represión y se niega a honrar las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense”, dijo Pompeo en una declaración distribuida en Managua por la embajada estadounidense.
Y agregó: “Los recientes ataques intensificados contra figuras de la oposición política y medios independientes en Nicaragua, incluido el uso de cobros de ingresos falsos para cerrar estudios y confiscar equipos, muestran que Ortega, junto con la vicepresidenta Rosario Murillo, solo está interesado en prolongar su Gobierno”.
En ese sentido Pompeo aseguró que “Ortega se ha convertido en el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo”, en referencia al dictador Anastasio Somoza Debayle, que fue derrocado por los guerrilleros sandinistas que contaban con el el apoyo del pueblo y de la comunidad internacional el 19 de julio de 1979.

“Mientras los nicaragüenses conmemoran esta semana 199 años de independencia, las acciones de Ortega nos recuerdan un período anterior oscuro en la historia de Nicaragua, cuando el asesinato de un periodista respetado mostró al mundo la naturaleza de la dictadura de Somoza”, apuntó el secretario de Estado de EEUU.
Pompeo remarcó que Ortega ha perdido legitimidad ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional al arremeter contra los críticos, encarcelar a activistas a favor de la democracia, y “pisotear” los derechos humanos de la ciudadanía.
En un tuit, el secretario de Estado de EEUU advirtió a su vez que la “represión y el silenciamiento de la prensa libre son una afrenta al pueblo nicaragüense”.
La declaración llega tres días después de que el régimen de Ortega embargara a la empresa de comunicaciones Canal 12, crítica de su ejecutivo. Ortega justificó su avance con el argumento de que Canal 12 alrededor de 21 millones de córdobas (USD 607,990) en impuestos.

El pasado sábado, Nicavisión S.A., empresa que opera el medio de comunicación, informó del embargo y calificó la medida de “arbitraria e ilegal”. El canal, que opera desde 1993, ha sido uno de los medios independientes que criticó y documentó la represión de las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en 2018 y que dejaron al menos 328 muertos y cientos de encarcelados, según grupos humanitarios.
El Estado de Nicaragua también mantiene embargado desde diciembre pasado el edificio donde funcionaba el canal de televisión 100 % Noticias, así como el edificio donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, que dirige Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y ambos críticos con el Gobierno.
En tanto, el dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro denunció la semana pasada que el Gobierno de Ortega está practicando “terrorismo fiscal” contra sus adversarios, para lo cual recurre a la Alcaldía de Managua, a la Dirección General de Ingresos, y al Poder Judicial, todos bajo el control del Ejecutivo.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde que el régimen reprimiera de manera brutal las protestas contra el ejecutivo en abril de 2018. Días atrás, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reveló en Ginebra que la crisis en defensa de estos continúa en el país.
La alta comisionada también indicó que el Gobierno nicaragüense mantiene su negativa a superar la crisis a través de un diálogo, ejecuta violaciones a la libertad de expresión, y maneja la pandemia del coronavirus con falta de transparencia, poca difusión de información, y despidos de personal médico.
Esta afirmación se vio respaldada por una filtración reciente realizada por un grupo de hackers, que revelaron que el ministerio de Salud ocultó el alcance real de la pandemia en el país y manejaba cifras de contagios y muertes significativamente más altas que las reportadas oficialmente.
Con información de EFE
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