Donald Trump ordenó excluir a los indocumentados del conteo electoral en el censo en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un memorándum para excluir a los indocumentados del conteo del censo, que determina las cuotas de representación en el Congreso, una estrategia orientada a favorecer al Partido Republicano.

“He determinado, para el respeto de la ley y de la protección de la integridad del proceso democrático, la exclusión de los extranjeros ilegales de la base de reparto”, indicó el mandatario en una misiva enviada al secretario de Comercio, que está encargado del censo realizado este año en Estados Unidos.

Las estadísticas de población determinan en Estados Unidos la repartición del presupuesto pero también son vitales para asignar los escaños en la Cámara de Representantes.

El gobierno de Trump ya había intentado incluir en esta edición del censo una pregunta sobre la nacionalidad, pero fue bloqueado por la Corte Suprema. Por ello, no está claro cómo va a poder articular su objetivo de excluir a los indocumentados, con un censo que ya está en marcha, que no incluye ese dato y ante la amenaza de una avalancha de demandas judiciales.

El memorándum puntualiza que en julio de 2019, Trump ordenó a los departamentos y agencias del Ejecutivo compartir información con el Departamento de Comercio sobre el número de ciudadanos y no ciudadanos, así como de inmigrantes indocumentados. Así, podría intentar restar la cifra de los que no cuenten con residencia, pero el proceso podría ser incosntitucional. La Carta Magna estipula que el número de escaños debe atribuirse teniendo en cuenta el total de personas en cada estado, sin menciones al estatus legal.

En un comunicado, el mandatario defendió que la medida “refleja un mejor entendimiento de la Constitución y es consistente con los principios de la democracia representativa”.

Para la Casa Blanca, permitir que los extranjeros sin papeles sean contados de cara a la atribución de escaños podría crear "incentivos perversos" como ofrecer una recompensa a Estados que alienten la violación de las leyes de inmigración.

Aritméticamente esta orden apunta a estados muy poblados y que votan tradicionalmente por los demócratas como California, que tiene 53 de los 435 escaños de la Cámara Baja.

Antes del inicio del censo, los expertos de esta oficina independiente, advirtieron que el intento de incluir la pregunta sobre la nacionalidad podría impedir que entre 1,6 y 6,5 millones de inmigrantes -en su mayoría latinos- participaran en la encuesta o que mintieran en sus respuestas.

En Estados Unidos viven más de 10 millones de inmigrantes irregulares, según estimaciones de la consultora Pew.

En el documento enviado al Departamento de Comercio, Trump señala que el requerimiento de la Constitución “nunca ha sido entendido en el sentido de que se tiene que incluir cada individuo que esté presente físicamente en los límites de un estado en el momento del censo”.

La procuradora general de Nueva York, Letitia James, anunció que va recurrir a la decisión del presidente. “Nadie deja de ser una persona porque carezca de documentación”, replicó James en un comunicado. “Según lo que dice la ley, cada persona que reside en Nueva York durante el censo, sin importar su estatuto debe ser contado”.

La interpretación del gobierno recibió una lluvia de críticas de organizaciones que defienden a los migrantes y de la oposición demócrata. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez, denunció que “la agenda antiinmigrante de Donald Trump no tiene límites”. Para Perez, esta orden es “inconstitucional” y su “único propósito es silenciar y quitarle poder a las voces latinas y a las comunidades minoritarias”.

La líder de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, también respondió rauda, afirmando que la "Constitución es clara" y que estipula que se cuenta a "todas las personas".

Además, Pelosi prometió que la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, va a responder con contundencia a "cualquier intento inconstitucional e ilegal del presidente para perjudicar el censo".

La asociación de defensa de los derechos civiles ACLU denunció esta acción del presidente como "inconstitucional" y prometió desafiarla ante los tribunales.

Organizaciones de la sociedad civil que ayudan a los migrantes también rechazaron el planteamiento de Trump. “Este memorándum odioso reafirma lo que ya sabíamos: que la Casa Blanca no ve a los inmigrantes como personas”, afirmó Krish O’Mara Vignarajah, presidente del Servicio Luterano de Inmigración y Refugio (LIRS).

La organización La Colmena apeló además al aspecto práctico de esta decisión. “La realidad es que el censo ya está en marcha y no incluye una pregunta sobre la documentación”, sentenció.

De todas formas, los argumentos de Trump arengaron a su base nacionalista. “Hubo una época en la que podías declarar orgullosamente ‘soy ciudadano de Estados Unidos’. Pero ahora, la izquierda radical trata de borrar la existencia de este concepto y ocultar el número de extranjeros ilegales en nuestro país”, dijo el presidente en su comunicado. “Esto es parte de una labor más amplia de la izquierda para erosionar los derechos de los ciudadanos estadounidenses, y no lo toleraré”.

Más de 92 millones de hogares han respondido al Censo 2020, la mayoría a través de internet. La gente todavía puede responder el formulario en línea, por teléfono o vía postal, sin tener que reunirse con un encuestador. Apenas la semana pasada los encuestadores empezaron a acudir a las viviendas de quienes no habían respondido el cuestionario.

Los intereses financieros y políticos en el Censo 2020 son enormes, y hay zonas metropolitanas con grandes poblaciones de inmigrantes que temen perder dólares y representación política por las acciones de Trump.

(Con información de AFP y AP)

MÁS SOBRE ESTE TEMA: