
La secretaria de Educación, Betsy DeVos, se encuentra trabajando en un proyecto que establezca nuevas normativas sobre el acoso sexual en los campus universitarios. De acuerdo a lo publicado por The New York Times, el proyecto refuerza los derechos de los acusados, resta responsabilidades a las instituciones públicas y apunta a dar más apoyo a las víctimas.
Según la misma fuente, se acotará la definición de acoso sexual, al tiempo que las universidades solo serán responsables de las denuncias debidamente reportadas ante autoridades competentes y por episodios ocurridos en sus campus.
Las nuevas reglas llegan en un momento particularmente sensible, mientras establecimientos de importancia como la Universidad del Estado de Ohio, la Universidad del Sur de California y la Universidad del Estado de Michigan lidian con denuncias explosivas contra miembros de su personal.
A diferencia de lo que sucedía en la era Obama, con la administración Trump dichas reglas tendrán el peso de leyes y podrán entrar en vigencia sin necesidad de pasar por el Congreso.

El otoño pasado, deVos había derogado una guía del gobierno de Obama sobre episodios de este tipo, que era elogiada por los grupos de derechos de las víctimas. Dicha normativa cargaba la responsabilidad en las instituciones y muchos de sus críticos aseguraban que no cumplía con el debido proceso para con los acusados.
Al anunciar dicha derogación, la funcionaria dijo que se trataba de un "exceso" que forzaba a las instituciones a establecer sistemas cuasijudiciales plagados de inconsistencias.
"La verdad es que el sistema establecido por la administración anterior le ha fallado a demasiados estudiantes", dijo DeVos en septiembre de 2017. "Sobrevivientes, acusados que fueron víctimas de la ausencia de un debido proceso y administradores de los campus me dijeron que el enfoque actual no significará un perjuicio para todos los involucrados", afirmó la funcionaria citada por The New York Times.
Si bien el problema se ha centrado en las acusaciones contra estudiantes en los campus universitarios, también se aplicará a las escuelas primarias y secundarias, y las acusaciones podrán abarcar a maestros, profesores y otros miembros del personal.
Los cambios
La parte más protestada de la guía de la administración Obama la posibilidad de que las escuelas usen el estándar de preponderancia de evidencia, el estándar más bajo de los dos, para determinar si los acusados deben ser disciplinados o expulsados. Las reglas de administración de Trump proponen que la elección de estándares de evidencia de una escuela debe aplicarse a cualquier investigación de violaciones de derechos civiles.

Las nuevas reglas también apelarían a la utilización de la mediación para llegar a resoluciones informales, y agregaría la capacidad de las víctimas y los acusados para solicitarse pruebas entre sí e interrogarse unos a otros.
El gobierno de Obama sostuvo que la mediación no era apropiada, incluso si era voluntaria. El gobierno de Obama también desalentó fuertemente a las partes a cuestionarse personalmente durante las audiencias, creyendo que sería "traumático o intimidatorio, posiblemente aumentando o perpetuando un ambiente hostil".
Las nuevas reglas adoptarían una nueva definición del Tribunal Supremo de "acoso sexual" que parece reservarse para las quejas repetidas o las acusaciones más atroces.El acoso sexual sería entonces solo una "conducta no deseada basada en el sexo que es tan grave, omnipresente y objetivamente ofensiva que niega a una persona el acceso al programa o actividad educativa de la escuela".
En su guía, el gobierno de Obama lo había definido de manera más amplia como "conducta no deseada de naturaleza sexual", que incluye "avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales, no verbales o físicas de naturaleza sexual".
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