
Durante el fin de semana, en el noroccidente del país, se vivió una parálisis en 11 departamentos como retaliación a la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga ‘Otoniel’ quien fuera el máximo jefe criminal de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia, grupo armado ilegal más conocido como el Clan del Golfo. Ante este panorama que no se veía desde hace casi una década, también surgió una inusitada propuesta de los alcaldes de las poblaciones afectadas: que se decretara la conmoción interior ante la complicada situación de orden público.
Y es que de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la banda al servicio del narcotráfico y descendiente de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, perpetró 127 acciones armadas que afectaron a 73 municipios en las zonas mencionadas anteriormente. En medio de esos ataques hubo 5 homicidios.
Mientras que en la Unidad de Investigación y Acusación de las Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguraron que la acción armada del Clan del Golfo tuvo como consecuencia 12 homicidios selectivos, cinco tentativas de homicidio en contra de la población civil, cerca de 50 detenciones de las actividades del transporte y 10 vías bloqueadas.
A todo esto se le sumó el desabastecimiento de servicios necesarios como el gas. EPM (Empresas Públicas de Medellín) detallo que, inicialmente, 120.000 personas se quedaron sin ese recurso, específicamente los municipios de Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, Turbo San Juan de Urabá. San pedro de Urabá, Urrao, Remedios y Frontino.
Precisamente, en Antioquia, 17 alcaldes de los municipios del norte del departamento le enviaron una carta al presidente de la República, Iván Duque, para que decretara el estado de excepción de Conmoción Interior, como lo registró el medio digital regional La Chiva Alerta.com que subió a su web una copia del documento.
“Debido a la difícil situación de seguridad y de orden público por la que atraviesan actualmente nuestros territorios, con motivo de la zozobra que he generado el llamado paro nacional armado”, encabezaron la misiva al primer mandatario.
También le pormenorizaron a Duque que estaban sufriendo un desabastecimiento en sus poblaciones que podría conllevar a una grave situación humanitaria.
“Tienen a nuestra región fuertemente afectada, en varios municipios el comercio se encuentra cerrado, los productores rurales amenazados sin poder sacar su leche y demás productos, llamadas intimidantes a quienes transportan nuestros niños a estudiar, el transporte intermunicipal tuvo que suspender actividades y esta región está sumida en una evidente conmoción interior, que con la capacidad de la fuerza pública propia de cada localidad, no es suficiente para responder”, reseñaron.
En su comunicado le pidieron al mandatario una intervención decidida en sus poblaciones, aunque reconocieron que las autoridades hacían todo lo posible para poder retomar el orden en estas poblaciones.
“Necesitamos la mano dura de nuestro presidente en el territorio para que brindemos la mayor garantía, y así preservar el derecho fundamental a la vida y los medios para que nuestro Ejército Nacional militarice totalmente las vías, recuperando la tranquilidad en la región norte de Antioquia”, concluyeron la carta.
Sin embargo, el domingo del alto gobierno llegó el ministro de Defensa, Diego Molano, quien descartó que se decretara esa medida, ya que aseguró que se había recuperado el orden público de la zona.
“Esa es una medida que nosotros no hemos considerado hasta el momento y por su puesto lo importante es responder con seguridad que es lo que necesitan los ciudadanos, con presencia y pie de fuerza”, indicó en ese momento el funcionario.
No obstante, la zozobra continúa en estas poblaciones, que no solo tienen que padecer la violencia que ejerce el Clan del Golfo, sino también la de otros grupos al margen de la ley con las que ese grupo narcotraficante se disputa ese negocio ilegal como es el caso del Eln y las disidencias de las extintas Farc.
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