“La Fiscalía actúa como la Gestapo, como la policía secreta de la Alemania Nazi”: defensa del senador Armando Benedetti

El abogado del congresista, Miguel del Río, aseguró que el ente acusador inició una persecución política contra Benedetti, pues no tiene pruebas contra el congresista.

Armando Benedetti (Colprensa - Álvaro Tavera)
Armando Benedetti (Colprensa - Álvaro Tavera)

En medio de una rueda de prensa en la que se informó cómo actuará el senador Armando Benedetti por la extinción de dominio que le impuso este 25 de octubre la Fiscalía General de la Nación, la defensa del político se fue en contra de la entidad. El abogado Miguel del Río aseguró que esta situación obedece a una persecución política sin fundamento, pues no se tienen pruebas en contra del congresista.

En este sentido, Del Río lanzó una fuerte comparación entre la Fiscalía colombiana y la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi encargada de atrapar a quienes estaban en contra de Adolf Hitler. En este caso, para la defensa de Benedetti, el ente acusador estaría intentando hundir a los opositores del presidente Iván Duque.

“No se ha encontrado nada en contra del senador Armando Benedetti, entonces se acude a una Fiscalía absolutamente politizada. Vale la pena decir que la Fiscalía General de la Nación actúa como la Gestapo, como la policía secreta de la Alemania Nazi. Esto es el derecho penal del enemigo. Si no estas con el Gobierno, entonces te ataco a través del aparato de la Fiscalía”, dijo Del Río.

Se asegura que las investigaciones en contra de Benedetti, y sobre todo las actuaciones que califican como arbitrarias y excesivas, se vienen presentando desde que el político anunció su vinculación al Pacto Histórico y su apoyo al precandidato presidencial Gustavo Petro.

La actuación más reciente de la Fiscalía que señala Benedetti como irregular ocurrió este mismo lunes, cuando en la mañana se inició un proceso de extinción de dominio en contra de tres bienes a nombre del político. Del Río explicó que el proceder de la Fiscalía no es admisible porque la Ley 1708, que soporta los procesos de extinción de dominio, ha establecido que las medidas cautelares se dan cuando existe una eventualidad de urgencia o excepcionalidad. Esto significa que estas se imponen cuando existe la posibilidad de que el propietario oculte estos bienes o pueda realizar obras para engañar a la administración de justicia, hechos que no suceden porque, asegura el abogado, Benedetti está colaborando con la investigación.

Por otra parte, afirmó que los bienes embargados al político no tienen nada que ver con el proceso madre. Hay que recordar que los inmuebles incluidos en la medida cautelar expedida son tres: una casa en Barranquilla, una oficina que está en leasing y un apartamento en Altos del Retiro, ubicado al norte de Bogotá.

Este último inmueble es el que más llamó la atención de las autoridades, pues al parecer hay dudas respecto a cómo fue adquirido por la anterior dueña, identificada como Ruby Corredor Día. Al parecer la mujer no pudo justificar el origen de $1.600 millones para la compra de ese mismo apartamento que, antes de vendérselo a Benedetti, lo había adquirido mediante una subasta hecha por la por la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes. La Fiscalía le imputó a ella los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en 2009.

Ante esto, el mismo senador Benedetti comentó que quien debería ser investigada es Corredor Diaz y no él.

“Lo que me está sucediendo hoy es como quien compra un carro de buena fe que luego aparece como robado. Con un agravante en mi caso: quien vendió inicialmente el apartamento fue el propio Estado, que tenía la obligación de verificar el origen de los recursos de la compradora. Según la extinción de dominio, si alguien tiene algo por justificar no es Benedetti, es la anterior propietaria”, denunció el senador en Twitter.

Teniendo esto en cuenta, del Río anunció que su defendido interpondrá recursos jurídicos para que se revoque la acción.

“Acudiremos a la medida de control de legalidad porque las medidas cautelares no son susceptibles a apelación. Esta es una figura a la que acudimos a un juez de conocimiento para que revoque la medida cautelar y se siga el proceso natural en el que la Fiscalía debe interponer una demanda de extinción de dominio pero no bajo el chantaje o la amenaza, dijo del Río.

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