ONIC denuncia más de 60 mil afectaciones a los derechos humanos en el gobierno Duque

La Organización Nacional Indígena de Colombia informó que durante este periodo han sido asesinados 298 indígenas y han sido desplazados cerca de 17.000.

09/03/2021 Movilización de antiguos guerrilleros de las desaparecidas FARC rumbo a Bofotá para participar en las movilizaciones contra la violencia cometida contra líderes sociales, excombatientes y comunidades indígenas.
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EL TIEMPO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
09/03/2021 Movilización de antiguos guerrilleros de las desaparecidas FARC rumbo a Bofotá para participar en las movilizaciones contra la violencia cometida contra líderes sociales, excombatientes y comunidades indígenas. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA EL TIEMPO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que desde que comenzó el Gobierno de Iván Duque se han registrado 60.061 afectaciones a los derechos humanos contra los pueblos indígenas del país.

Así lo aseguró la ONIC según datos de su Observatorio de Derechos Humanos que registró, entre las afectaciones más graves, 298 asesinatos, el desplazamiento de cerca de 17.000 indígenas, 39 casos de reclutamiento forzado, 60 casos de secuestro y más de 2.000 intimidaciones y amenazas en contra de estas poblaciones.

“A esto se suma que el 51 % de las afectaciones corresponden a situaciones de confinamiento, lo que representa 30.695 víctimas, producto de os riesgos colectivos que representan las minas antipersona instaladas, la presencia de grupos armados legales e ilegales y los enfrentamientos armados al interior de los territorios”, señaló la Organización.

Estos hechos se habrían cometido entre el 7 de agosto de 2018 y el 31 de marzo de 2021, periodo en el que argumenta la ONIC, se ha agudizado la crisis humanitaria de las comunidades indígenas en las diferentes regiones del país y se han vulnerado los derechos humanos.

De igual manera, aseveró que la intensificación de esta crisis se puede constatar especialmente en la región occidental del país donde las comunidades han padecido 49.710 afectaciones y en la norte donde se han registrado 5.228, por parte de grupos como las disidencias de las FARC, el ELN, las AGC y la Fuerza Pública.

“Adicional a esta situación, rechazamos el proyecto de Ley Estatutaria “por el cual se regula el Derecho Fundamental a la Consulta Previa y se dictan otras disposiciones”, por ser abiertamente inconstitucional y atentar contra el ‘Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz’, el cual también reconoce y protege este derecho de manera principal más no subsidiaria”, aseguró la ONIC.

Asimismo, rechazó el incumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de los pueblos indígenas, debido a que la crisis sanitaria producto del covid-19 ha tenido un impacto “desproporcionado” y ha ahondado la crisis en las comunidades.

Dentro de estas afectaciones, el 8 % corresponden a omisiones del Estado colombiano por salud y desnutrición que ha dejado cerca de 5.000 víctimas entre niños, niñas y adolescentes y un 7,4 % que corresponden a casos de discriminación, xenofobia y racismo especialmente en las regiones fronterizas con Venezuela.

21/10/2020 Marcha indígena del pasado mes de octubre a su paso por Bogotá, Colombia.
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CHEPA BELTRAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
21/10/2020 Marcha indígena del pasado mes de octubre a su paso por Bogotá, Colombia. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA CHEPA BELTRAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Por tal razón, la Organización invitó a los organismos internacionales como la ONU y la CIDH y a las organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos visibilizar y acompañar a las comunidades indígenas que atraviesan esta grave crisis humanitaria y que realicen acciones para proteger la vida de los miembros de estas comunidades.

“Instamos a los grupos étnicos, campesinos, ambientalistas y en general a los sectores sociales y populares, a los estudiantes y toda la sociedad civil a unirse a este proceso de lucha y resistencia para la protección del derecho fundamental a la Consulta Previa, para la defensa de los bienes naturales y ambientales comunes del país”, concluyó la ONIC.

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