La Fiscalía imputa cargos a militares por corrupción en la compra de binoculares nocturnos

Cuatro militares activos, cinco retirados y dos civiles fueron imputados por la Fiscalía por el caso de corrupción e irregularidades que se evidenciaron en procesos de contratación para adquirir binoculares nocturnos.

El caso se remonta al 27 de septiembre de 2017 cuando se hizo un contrato para adquirir 52 visores nocturnos norteamericanos de última generación que irían destinados para las fuerzas especiales del Ejército Nacional.

Entre los involucrados en el caso se encuentra la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea Colombiana (Acofa) y la empresa extranjera Aviacpol USA Corp, empresas en las que se habría firmado el contrato que luego destapó el caso de corrupción.

El trato para la compra de los elementos que normalmente se utilizan para facilitar la movilización segura de los soldados en la ejecución de misiones especiales nocturnas, estaba firmado con un convenio de $2.400 millones.

El inicio de la investigación del caso empezó casi un año después cuando, el 30 de mayo de 2018, el mayor Jhon Fredy Mosquera denunció los hechos que había descubierto mientras se desempeñaba como instructor de la investigación disciplinaria.

Mosquera, quien puso al tanto del caso a la Fiscalía General de la Nación, explicó que sus razones para hablar tuvieron que ver con que “este comando ratifica una vez más su política de cero tolerancias con la corrupción y el fortalecimiento de sus mecanismos de prevención, al igual que no tolerará actuación alguna de sus integrantes que sea contraria a la Constitución, la Ley, los derechos humanos o el derecho internacional humanitario”.

El coronel en retiro Gustavo Adolfo Valbuena, entonces director de la Acofa, el coronel en retiro Ariel Ortiz, director de la Central Administrativa y contable (Cenac), el coronel activo Abdías Capera Tovar, gerente del proyecto, el teniente coronel activo William Miranda, supervisor del contrato, el sargento primero activo Ervin Riaño Gómez, miembro del comité estructurador, el sargento mayor en retiro Carlos Castaño, estructurador de ficha técnica, el sargento mayor en retiro Julio Ñustes, miembro del comité evaluador, el mayor activo Edwin Martín Campo, asesor contractual, el sargento en retiro José William Bustos y el intendente de la Policía en retiro Kendry Caro Sandoval, inspectores técnicos del contrato, y Harold Bocanegra, contratista representante legal de Aviacpol USA Corp, son quienes ahora deben pagar por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad material en documento público agravado, peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por acción.

En audiencia virtual, la Fiscalía concluyó que “se observaron irregularidades en la designación del personal, falsificación de firmas y el personal del comité técnico no era idóneo. Se escribió un contrato con una persona diferente a la que definitivamente debía ejecutarlo”. Con esto, la delegada de la Fiscalía 46 seccional aseguró que habían pruebas suficientes para demostrar los delitos cometidos en el caso.

De la misma manera se argumentó que “el contrato se evidenció viciado, con documentos falsos y el contrato está en inglés y nunca hubo una copia en español”. Además de las irregularidades en el contrato, no se cumplió con lo que se acordaba en el documento que, de por sí, ya tenía condiciones dudosas.

Los binoculares, que se compraron por $2.400 millones, no se entregaron en el plazo que se había negociado, es decir, para diciembre de 2017. “Se generaron alternativas modificatorias del término y del objeto del contrato cuando ya estaba en etapa de ejecución. Los aparatos de visión nocturna que se recibieron de manera parcial el 28 de diciembre de 2017 no cumplieron con lo establecido en la ficha técnica acordada y fueron devueltos por garantía”, explicó la fiscal del caso.

Se descubrió también que, según las pruebas que inculpan a los 11 hombres, los binoculares llegaron incompletos y, que aparte de eso, varios de ellos estaban sin estuche y sin piezas importantes para calibrarlos. Esto sin contar con que los que llegaron completos y en buen estado no eran funcionales pues, “no tenían la altura adecuada y no eran compatibles con los cascos que utilizan los militares y no se sostenían con la estabilidad requerida”.