Hallaron sin vida a activista polaca conocida por sus denuncias sobre corrupción en Ecuador

La activista social y defensora comunitaria Mónika Silva Koniuszek fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en el sector El Tigrillo, en Montañita, provincia de Santa Elena, un hecho que ha generado reacciones de organizaciones de la sociedad civil, colectivos ciudadanos y personas vinculadas a los procesos de fiscalización que ella impulsaba en la provincia costera. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían informado oficialmente sobre las causas de su muerte ni habían difundido los resultados de las pericias realizadas por Medicina Legal.

Silva, de origen polaco y residente en Ecuador desde hace varios años, era presidenta de la Fundación La Integridad, una organización enfocada en la promoción de la transparencia, el control social y la participación ciudadana. Desde esa plataforma desarrolló investigaciones y denuncias relacionadas con presuntos casos de corrupción, conflictos por la propiedad de tierras, irregularidades administrativas y asuntos ambientales en distintos sectores de Santa Elena.

Durante los últimos años, su nombre se volvió conocido en la provincia por la difusión de información sobre procesos de transferencia y venta de terrenos que, según sostenía públicamente, debían ser revisados por las autoridades competentes. Varias de sus intervenciones fueron recogidas por medios de comunicación locales y nacionales, especialmente a partir de 2025 y 2026, cuando intensificó sus denuncias sobre operaciones inmobiliarias y decisiones adoptadas por instituciones públicas.

Uno de los casos en los que participó activamente fue el relacionado con la fallida venta de 93 hectáreas de terrenos municipales en el cantón La Libertad. Silva afirmó en diversas entrevistas y publicaciones que ese proceso formaba parte de una problemática más amplia vinculada al manejo de tierras en la provincia. Según sus declaraciones públicas, la operación debía ser investigada por los vínculos con la familia Gellibert, de la ex secretaria de la Administración Pública y actual Ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert.

Otra de las investigaciones que impulsó estuvo relacionada con el denominado caso Bellitec, que involucraba la venta de cientos de hectáreas durante administraciones anteriores en Santa Elena. La activista cuestionó públicamente actuaciones vinculadas a ese proceso y dirigió señalamientos contra el actual asambleísta Otto Vera, quien ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que sus actuaciones se ajustaron a la ley.

Además de los temas relacionados con tierras, la activista participó en acciones de vigilancia ciudadana sobre proyectos urbanísticos y ambientales en la zona costera. Durante los primeros meses de 2026 se pronunció sobre un proyecto de construcción de un malecón en Manglaralto, señalando posibles afectaciones a ecosistemas utilizados por especies marinas para procesos de anidación. Sus observaciones fueron difundidas a través de redes sociales y en espacios de debate comunitario.

Además, la presidenta de la Fundación La Integridad difundió denuncias relacionadas con presuntas redes de nepotismo y tráfico de influencias en distintas instituciones estatales. Entre los temas que impulsó figuraban pedidos de fiscalización dirigidos a la Contraloría General del Estado y solicitudes de comparecencia de funcionarios ante la Asamblea Nacional.

Su actividad pública estuvo acompañada de episodios de tensión. Organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión documentaron amenazas contra personas vinculadas a la difusión de sus denuncias. Uno de los casos más conocidos ocurrió en enero de 2026, cuando una entrevista que iba a conceder a una emisora local fue suspendida tras advertencias recibidas por el comunicador que la conduciría.

Ese episodio ocurrió pocos meses después del asesinato de Robinson del Pezo, comunicador ciudadano de Santa Elena que también había realizado denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de terrenos. Diversas organizaciones señalaron entonces la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para periodistas, activistas y ciudadanos que participan en procesos de control social.

Tras conocerse la muerte de Silva, colectivos ciudadanos, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos expresaron su preocupación y solicitaron que la investigación se realice de manera exhaustiva. Entre las peticiones planteadas figura el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y la determinación de cualquier elemento que pueda resultar relevante para el caso.