El Gobierno de Brasil solicitó a la Corte Suprema que declare inconstitucional una ley que permite reducir las penas para los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del entonces presidente Jair Bolsonaro irrumpieron en las sedes de los tres poderes en Brasilia y llevaron a cabo un intento de golpe de Estado.
El pedido, presentado por la Abogacía General de la Unión (AGU), llevó el reclamo del Ejecutivo ante el máximo tribunal luego de que el Congreso promulgó una norma que, según la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, pone en riesgo la protección del orden democrático.
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La Ley de Dosimetría, aprobada en diciembre y promulgada a comienzos de mayo tras el rechazo del veto impuesto por Lula, flexibiliza el cumplimiento de las condenas y prohíbe la acumulación de penas por delitos de naturaleza semejante.
De acuerdo con la AGU, esa reducción drástica en las sanciones deja “en situación de vulnerabilidad” bienes jurídicos esenciales de la República y puede incentivar nuevas conductas contra el Estado democrático de derecho. Este argumento quedó plasmado en la presentación oficial ante el Supremo Tribunal Federal (STF).
El órgano de defensa del Ejecutivo sostuvo que la norma representa un retroceso en la respuesta penal frente a delitos de alto impacto institucional y alertó sobre el riesgo de que la reducción de las penas incentive “nuevos ataques a la democracia”.
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Además, la AGU cuestionó el trámite legislativo de la norma, al advertir que se produjeron irregularidades en el tratamiento del veto presidencial y en la incorporación de modificaciones que, de acuerdo con su interpretación, requerían un nuevo examen por parte de la Cámara de Diputados.
Tras el veto de Lula, tanto la Cámara de Diputados como el Senado decidieron revocar la objeción del mandatario, lo que permitió que el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre, promulgara la ley a pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre.
La norma impacta principalmente en los condenados por el intento de golpe del 8 de enero de 2023, incluyendo al propio Jair Bolsonaro, quien cumple en régimen domiciliario una condena de 27 años y 3 meses de cárcel.
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Además, el texto favorece a otras personas sentenciadas por delitos relacionados con la invasión de los edificios públicos en Brasilia. Entre los puntos más controvertidos figura la posibilidad de que los condenados accedan con mayor rapidez al régimen semiabierto, lo que reduciría el tiempo efectivo de prisión.
Esta discusión cobra fuerza a solo cinco meses de las elecciones, en las que Lula buscará un nuevo mandato y tendrá como principal rival al senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario.
El fallo de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la norma podría tener implicancias en la campaña electoral y en el futuro político de los principales protagonistas del escenario brasileño.
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(Con información de EFE)
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