“Quiero enterrarlo completo”: el drama de una madre en Ecuador tras el hallazgo de su hijo desmembrado

El caso de Rocío Martínez expone una de las aristas más críticas de la crisis de violencia y gestión forense en Ecuador: la imposibilidad de las familias de acceder de forma digna y oportuna a los cuerpos de sus seres queridos tras crímenes violentos. Su denuncia, ocurrida en Guayaquil, no solo revela fallas institucionales, sino también el impacto humano de los procesos forenses colapsados.

Desde hace tres meses, Martínez está esperando la entrega del cuerpo de su hijo, Antony, un adolescente de 16 años que fue víctima de un crimen particularmente brutal, según reportó Ecuavisa. El joven fue secuestrado junto a otros dos menores en la cooperativa Francisco Jácome y posteriormente hallado sin vida en la zona de Guerreros del Fortín, en el noroeste de la ciudad. Los cuerpos fueron encontrados dentro de sacos de yute.

En el noroeste de Guayaquil, sectores como El Fortín y la cooperativa Francisco Jácome se han consolidado en los últimos años como zonas de alta conflictividad criminal, caracterizadas por la presencia de economías ilegales, disputas territoriales entre bandas y una frecuencia elevada de homicidios violentos.

En estos barrios periféricos, donde confluyen condiciones de vulnerabilidad social, limitada presencia estatal y crecimiento urbano desordenado, se han documentado patrones recurrentes como secuestros, ejecuciones selectivas, abandono de cuerpos en la vía pública y el uso de violencia extrema como mecanismo de control y mensaje entre estructuras delictivas. Esta dinámica ha convertido al área en uno de los principales focos de inseguridad de la ciudad, con impactos directos en la vida cotidiana de sus habitantes y en la capacidad institucional para prevenir, investigar y responder a los delitos.

Desde el fatal hallazgo, la familia ha enfrentado un proceso marcado por retrasos, falta de información y lo que califican como irregularidades en el manejo de los restos, según sus testimonios.

De acuerdo con la denuncia de la madre, en el departamento forense le habrían indicado que, en un primer momento, solo podrían entregarle una parte del cuerpo de su hijo. La propuesta implicaba una entrega fragmentada, lo que para la familia resulta inaceptable tanto desde el punto de vista emocional como económico. Martínez ha señalado que no cuenta con los recursos para realizar múltiples entierros y que su única intención es despedir a su hijo de manera íntegra.

El problema, de acuerdo con la información disponible, radica en la dificultad para identificar y clasificar correctamente los restos. Aunque se han realizado pruebas de ADN, los cuerpos aún no han sido plenamente individualizados, lo que impide su entrega formal a las familias. Esta situación no afecta únicamente a Martínez: los familiares de las otras dos víctimas también continúan a la espera, y algunos habrían comenzado a perder la esperanza ante la falta de avances concretos.

El caso pone en evidencia limitaciones estructurales en los servicios forenses, particularmente en contextos de violencia extrema donde los cuerpos llegan en condiciones que dificultan su identificación. En Ecuador, estas dificultades se han intensificado en los últimos años debido al aumento de homicidios vinculados a la violencia que provocan las economías ilegales y el crimen organizado, lo que ha generado una sobrecarga en morgues y laboratorios.

En este contexto, los procedimientos de identificación, que dependen de análisis genéticos y procesos técnicos complejos, pueden extenderse durante semanas o meses. Sin embargo, lo que denuncian las familias es que la demora no está acompañada de información clara ni de protocolos de atención adecuados, lo que incrementa la incertidumbre y el desgaste emocional.

El testimonio de Martínez también refleja una dimensión económica que suele quedar fuera del debate público. En Ecuador, los costos funerarios pueden representar una carga significativa para familias de bajos ingresos. La posibilidad de recibir restos de manera fragmentada implicaría multiplicar estos gastos.

Mientras tanto, para Rocío Martínez, el problema sigue siendo inmediato y concreto: recuperar el cuerpo de su hijo. Su testimonio resume la dimensión humana de una crisis que trasciende cifras y estadísticas. “Yo quiero enterrarlo completo”, ha dicho, en una frase que condensa tanto el dolor de la pérdida como la exigencia de dignidad frente a un sistema que, hasta ahora, no ha logrado responder.