Una de cada cuatro mujeres en Ecuador inició su vida conyugal antes de los 18 años pese a la prohibición del matrimonio infantil

Una de cada cuatro mujeres en Ecuador inició su vida conyugal antes de cumplir los 18 años, una realidad que persiste una década después de que el país prohibiera legalmente el matrimonio infantil. La cifra vuelve a poner sobre la mesa una forma de violencia que suele quedar diluida bajo la apariencia de “decisiones familiares”, “costumbres” o respuestas a la pobreza, pero que en la práctica implica relaciones desiguales, abandono escolar y una reducción drástica de la autonomía de niñas y adolescentes.

Los datos más recientes publicados por Plan International muestran dos dimensiones del problema. Por un lado, el 26% de las mujeres de entre 18 y 49 años se casaron o unieron antes de la mayoría de edad, según INEC 2018. Por otro, entre las mujeres de 20 a 24 años, el 22% estuvo casada o en unión antes de los 18 años y el 4% antes de los 15, de acuerdo con la ENSANUT 2018. Aunque las fuentes usan cohortes distintas, ambas coinciden en una conclusión de fondo: en Ecuador las uniones tempranas siguen afectando a una proporción significativa de niñas y adolescentes.

El fenómeno no se reduce al matrimonio formal. De hecho, uno de los principales nudos del problema está en las uniones informales, que continúan siendo comunes y socialmente aceptadas incluso cuando la ley prohíbe el matrimonio antes de los 18 años. El puntaje legal de Ecuador en materia de matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas es 25 en el índice SIGI, un nivel considerado bajo, lo que refleja que existen normas formales de protección, pero persisten reglas sociales e informales que las debilitan en la práctica.

El informe de Plan International identifica como factores determinantes la pobreza, los embarazos adolescentes, la violencia basada en género y el control sobre la sexualidad femenina. En esa lógica, el embarazo adolescente funciona a la vez como causa y consecuencia: puede precipitar una unión temprana, pero también es uno de sus efectos más frecuentes. Las niñas entrevistadas para el estudio en Ecuador señalaron que muchas ingresaron a estas uniones tras embarazos no planificados, mientras seguían enfrentando normas sociales que les imponían la maternidad como destino temprano.

Las consecuencias son múltiples, pues las adolescentes encuentran barreras para continuar sus estudios, sobre todo por embarazos precoces, falta de apoyo familiar y normas restrictivas. Aunque muchas expresaron deseos de estudiar, trabajar y ofrecer mejores oportunidades a sus hijos, el acceso al dinero y a la autonomía financiera sigue siendo limitado. A eso se suma que las normas de género continúan asignándoles de forma desproporcionada el trabajo doméstico y de cuidado, restringiendo sus posibilidades de decidir sobre su propio proyecto de vida.

Las brechas también tienen expresión territorial. En Manabí el 36,7% de madres adolescentes entre 10 y 17 años está en algún tipo de unión temprana. En Esmeraldas y Guayas uno de cada cuatro casos de maternidad adolescente ocurre en el contexto de una unión libre, unión de hecho o matrimonio. Además, el 16% de las adolescentes mujeres entre 15 y 19 años ha estado o está casada, divorciada, viuda o en unión informal, frente al 7% de los hombres de la misma edad, lo que muestra que el fenómeno golpea de manera desproporcionada a las niñas.

Además, las niñas indígenas enfrentan mayores riesgos por discriminación estructural y falta de acceso a servicios de salud y justicia.

Frente a este escenario, las jóvenes consultadas por Plan plantean una agenda concreta: programas de concienciación sobre el valor de la educación, acceso gratuito y confidencial a servicios de salud con educación sexual integral, políticas laborales inclusivas, fortalecimiento del acceso a servicios legales y trabajo con familias, parejas y líderes comunitarios para desmontar normas que perpetúan estas uniones.