Los pueblos indígenas frenan el agronegocio en medio de las contradicciones del gobierno de Lula da Silva

La semana pasada, las comunidades indígenas y los defensores del río Tapajós, en la Amazonía brasileña, obtuvieron una victoria histórica al bloquear los planes del gobierno de privatizar y transformar el río en una vía comercial colosal para el transporte de soja. Cerca de mil activistas locales, en su mayoría pertenecientes a las etnias Mundurukú, Arapiun y Apiaká, ocuparon durante días el terminal cerealero de la multinacional Cargill en Santarém, obligando posteriormente al gobierno a dar marcha atrás. La acción condujo a la revocación del decreto que sacaba a subasta la gestión de tres grandes ríos amazónicos —además del Tapajós, el Madeira y el Tocantins— anunciado pocos meses antes por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El proyecto apuntaba a ampliar el papel del Tapajós como “hidrovía” estratégica para el agronegocio, conectando a las grandes empresas agrícolas brasileñas con los mercados internacionales, en particular con China. Los pueblos indígenas denunciaron que la transformación de los ríos amazónicos en corredores económicos amenaza sus territorios y, con ellos, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los modos de vida tradicionales. El Tapajós, cabe recordarlo, está desde hace tiempo profundamente contaminado a causa de una masiva extracción minera ilegal, además de un intenso tráfico fluvial. Para los indígenas se trata de una batalla ganada, al menos por ahora. Pedro Lucas Fernandes, líder en la Cámara de Diputados del partido Unión Brasil, ya ha solicitado a Lula que las hidrovías del Tapajós, Madeira y Tocantins sean reincorporadas al Programa Nacional de Desestatización. En X, el diputado criticó la revocación por parte del gobierno afirmando que esta “interrumpe la planificación, genera inseguridad jurídica y transmite el mensaje de que las decisiones estratégicas pueden quedar paralizadas por la presión popular”.

Es en este escenario tan complejo donde la guerra cotidiana de las comunidades indígenas por su supervivencia se vuelve cada día más ardua. Sin embargo, representan el núcleo electoral más simbólico para Lula, también de cara a la inminente campaña electoral para las presidenciales de octubre. En Brasil todos recuerdan todavía cuando, durante su ceremonia de investidura el 1 de enero de 2023, quien subió la rampa junto al presidente electo y le colocó la banda presidencial fue el líder indígena Raoni Metuktire. A sus 94 años, Raoni es uno de los defensores más famosos de la Amazonía. Sin embargo, dos años después de aquella jornada histórica, durante la COP 30 del pasado noviembre, el propio Raoni —junto a otros líderes indígenas de Pará y Amapá— expresó duras críticas y una profunda decepción por el apoyo del presidente brasileño a la exploración petrolera en la desembocadura del río Amazonas, en la llamada Margen Ecuatorial, donde ya han comenzado las perforaciones de prueba. Según los representantes indígenas, la decisión fue tomada sin consultar a las comunidades locales, borrando de hecho su presencia y sus derechos sobre los territorios. Si bien reconocen que Lula es el presidente que más tierras indígenas ha demarcado, los líderes subrayaron la contradicción entre su discurso sobre el cambio climático y el respaldo a la extracción de combustibles fósiles, principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Menos de dos meses después, los hechos les dieron la razón. El pasado 4 de enero se produjo un accidente a unos 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá, en la desembocadura del río Amazonas, con un vertido en el mar de 18,44 m³ de fluido de perforación de base no acuosa. La descarga se originó en el buque sonda NS-42 durante las operaciones en el pozo Morpho. Por este motivo, el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) impuso una multa de 2,5 millones de reales (487.225 dólares) a Petrobras, que gestiona las operaciones. Según el IBAMA, el fluido es una mezcla oleosa utilizada en la exploración petrolera y contiene componentes clasificados como de riesgo medio para la salud humana y para el ecosistema acuático. Si bien el fluido es biodegradable, no persistente, no bioacumulable y no sería tóxico, se liberó en una región particularmente sensible por la presencia de corales y manglares. A pesar de la sanción, las actividades fueron reanudadas.

Las comunidades indígenas también están preocupadas por el proyecto de ley 2903/2023, aprobado hace dos semanas por la Comisión de Derechos Humanos del Senado brasileño. Este proyecto busca regular la explotación económica en tierras indígenas, abriendo el camino a la extracción minera —el llamado garimpo— además de petróleo y gas. Según la líder y activista indígena Txai Suruí, el avance del proyecto representa un grave retroceso de los derechos de los pueblos indígenas y de la protección ambiental. En un editorial publicado en el diario Folha de São Paulo, la activista definió la legalización del garimpo como una forma de “institucionalización del ecocidio, del genocidio y de la violación de los derechos humanos”, recordando que la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) imponen la consulta previa a las comunidades indígenas y rigurosos estudios de impacto ambiental. Txai Suruí citó datos científicos alarmantes, en particular un estudio de la Fiocruz, una institución del Ministerio de Salud de Brasil dedicada a la investigación y desarrollo de las ciencias biológicas, realizado junto con asociaciones indígenas, que detectó mercurio en el 100% de las muestras de cabello del pueblo Paiter Suruí. Los efectos incluyen daños neurológicos en adultos, graves riesgos para el desarrollo infantil y un severo deterioro de los ecosistemas. La activista también desmontó el argumento “desarrollista” utilizado por los defensores del proyecto, afirmando que el garimpo no genera beneficios económicos para los indígenas, sino conflictos, enfermedades, deforestación y violencia, citando para ello el caso del estado de Rondônia. “En Rondônia, el decreto estatal que prohíbe la destrucción de equipos de minería ilegal (Ley 1511/21) ya demuestra cómo las políticas locales fomentan la impunidad. Mientras se continúa con la hipocresía del desarrollo, la minería ilegal beneficia a unos pocos, pero sus costos —destrucción de bosques, violencia contra las poblaciones indígenas, pérdida de biodiversidad— son pagados por toda la sociedad”, concluye en su artículo.

Entre las comunidades indígenas que continúan pagando un alto precio por la explotación minera ilegal se encuentran los Yanomami. La crisis humanitaria que los afecta desde hace años se ha agravado con la aparición de casos de tos ferina entre los niños en el territorio de Roraima. El Ministerio de Salud confirmó recientemente tres muertes infantiles y al menos ocho casos, iniciando a mediados de febrero una intervención sanitaria de emergencia. La enfermedad, una infección respiratoria bacteriana prevenible mediante vacunación, surgió en un contexto de baja cobertura vacunal. En 2022, el ultimo año de Jair Bolsonaro a la presidencia, solo el 29,8% de los niños yanomami menores de un año tenía el esquema de vacunación completo. En 2025, el porcentaje ascendió al 57,8%, todavía muy por debajo del umbral de seguridad superior al 90%. Las autoridades temen un posible brote epidémico. Según la asociación Urihi Yanomami, el número de muertes podría ser mayor que el oficial, y la situación está directamente relacionada con las deficiencias en la vacunación. El episodio se inscribe en una crisis más amplia, marcada por la desnutrición, la malaria y otras enfermedades infecciosas, consecuencia de la invasión de la minería ilegal que durante años ha afectado al territorio. A pesar de que el gobierno de Lula señala una reducción global de las muertes desde el inicio de la emergencia sanitaria en 2022, la tos ferina representa una nueva señal de alarma sobre la fragilidad de las condiciones de salud de los niños yanomami y la necesidad de intervenciones estructurales y continuas.

En cuanto a la agenda ambiental de Lula, que seguirá siendo una prioridad en su próxima campaña electoral, el presidente intenta evitar enfrentamientos directos sobre el tema. Como escribe Lauro Jardim en el diario O Globo, Lula ha evitado tomar posición sobre la Ley General de Licenciamiento Ambiental, definida por los ambientalistas como el “Proyecto de Ley de la Devastación”, porque debilita de manera estructural las protecciones ambientales en el país. Se critica la extrema simplificación del sistema de licencias ambientales y las autocertificaciones, que de hecho reducen los estudios de impacto y los controles preventivos. Además, la norma reduce la participación obligatoria de organismos que protegen a los pueblos indígenas como la estatal FUNAI, la Fundación Nacional del Indio, y al facilitar la aprobación de infraestructuras, minas, represas y proyectos agroindustriales, es vista como un incentivo a la expansión descontrolada en áreas sensibles, en particular en la Amazonía y el Cerrado. Por ello, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y la red indígena Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentaron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) una acción de inconstitucionalidad. El STF otorgó diez días al presidente y al Congreso para pronunciarse formalmente. El Congreso defendió la ley, mientras que Lula dejó vencer el plazo sin responder. El silencio del presidente fue interpretado por los analistas como una elección política para evitar tensiones con el Congreso y con el sector del agronegocio, a pesar de que en el pasado Lula ya había vetado partes de la ley por motivos ambientales y constitucionales.

Mientras tanto, un estudio reciente de la organización no gubernamental Oxfam Brasil denunció que la llamada Amazonía Legal concentró en 2023 casi la mitad de los conflictos por la tierra en Brasil, es decir, el 46,9% del total nacional, con 1.034 casos. La Amazonía Legal es una macroregión administrativa creada por el Estado brasileño que comprende nueve estados y cerca del 59% del territorio nacional, y se utiliza para planificar políticas de desarrollo y protección del área amazónica. Según el informe, Pará y Maranhão son los estados más afectados por la violencia territorial. Las principales causas incluyen el llamado grilagem, es decir la apropiación ilegal de tierras, la deforestación y la minería ilegales, la expansión del agronegocio y de redes criminales. “Se observa que la destrucción de los territorios y la violencia física contra la población han aumentado cada vez más, influyendo profundamente en la cultura y la estructura social de quienes habitan la región, en particular las comunidades tradicionales”, se lee en el documento. En 2024, Maranhão alcanzó 365 casos de conflicto por la tierra, el número mayor jamás registrado hasta ahora, mientras que Pará anotó 240, apenas por debajo del máximo histórico de 253 casos alcanzado en 2020. El estudio también puso de relieve la correlación directa entre la alta incidencia de conflictos y los bajos indicadores sociales, como salud, vivienda y seguridad. Preocupa asimismo el aumento de la violencia sistemática contra defensores de derechos humanos. Solo en el bienio 2021–2022 se mapearon 25 homicidios vinculados a conflictos por la tierra y el medioambiente. Y quienes pagan el precio más alto son precisamente las comunidades más vulnerables, como las indígenas.