
El encuentro de hoy entre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el primer ministro indio Narendra Modi abordó varios temas, entre ellos uno de máxima actualidad —y no solo para Brasil—, a saber, los minerales críticos y las tierras raras, de las que el gigante latinoamericano es riquísimo. Sobre el tema se firmó un memorando de intenciones para una colaboración entre los dos países. “La expansión de las inversiones y de la cooperación en el sector de las energías renovables y de los minerales críticos está en el centro del acuerdo pionero que hemos firmado”, dijo Lula. El acuerdo representa “un paso importante hacia la creación de cadenas de suministro resilientes y para una colaboración bilateral más profunda en defensa, basada en la confianza mutua y en la alineación estratégica”, declaró Modi. Sin embargo, este memorando, según los expertos, es solo el inicio de un diálogo, pero difícilmente traerá a corto plazo resultados concretos y, sobre todo, operativos.
Esta es la segunda visita de Lula a India en su tercer mandato, acompañado por 11 ministros y un centenar de empresarios, mientras que el año pasado le tocó a Modi viajar a Argentina y Brasil. La relación del gigante latinoamericano con India nunca ha sido hasta ahora sistemática, más allá de la participación de ambos en diversas iniciativas multilaterales, entre ellas el bloque BRICS. India no figura entre los diez principales socios agroalimentarios de Brasil, situándose solo en el quinto lugar entre los países asiáticos. El azúcar, el aceite de soja y el algodón encabezaron las exportaciones brasileñas el año pasado, mientras que los fertilizantes y los pesticidas lideraron las importaciones. Solo las importaciones de productos agroquímicos alcanzaron un total de 544 millones de dólares, con un volumen de 122.000 toneladas. El año pasado, los intercambios comerciales entre ambos países alcanzaron un valor de 4,03 mil millones de dólares, con exportaciones brasileñas por 3,2 mil millones e importaciones por 824 millones.
Con la visita de Lula de estos días, las relaciones bilaterales parecen ahora solidificarse gracias a las tierras raras y también a la compartición de un destino similar: ambos países se encontraron de repente frente a la emergencia de los aranceles impuestos por la administración Trump. En este viaje, la empresa aeroespacial brasileña Embraer firmó un acuerdo para construir aviones en India. Mientras tanto, el Ministerio de Salud brasileño anunció su intención de invertir en la importación de componentes para los llamados hospitales inteligentes gestionados con inteligencia artificial. Junto con las tierras raras, estos han sido los principales temas de la agenda de Lula en India. El acercamiento entre ambos países en relación con los minerales críticos y las tierras raras se produce en un contexto de reorganización mundial de las cadenas de suministro, con el pulso entre Pekín y Washington que está obligando a otros países a tomar posición.

India, en el intento de reducir su dependencia de China, ha ampliado su producción interna, además de diversificar a sus socios comerciales. En este escenario, Brasil emerge como proveedor potencial con reservas significativas, aunque en gran parte inexploradas, de minerales críticos y tierras raras. Los primeros, recordemos, se consideran estratégicos para la economía y la seguridad nacional, y su suministro está en riesgo. La lista varía de un país a otro, pero incluye litio, níquel, cobalto, grafito y cobre, por citar solo algunos ejemplos. También pueden englobar las tierras raras, que son una familia específica de elementos químicos complejos de extraer y refinar, como el neodimio, utilizado en la fabricación de discos duros y turbinas eólicas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el gigante latinoamericano posee la segunda mayor reserva mundial de tierras raras después de China, sobre todo en el nordeste del país y en la Amazonía.
Las tierras raras se utilizan en la industria tecnológica avanzada, como la de los teléfonos móviles y los ordenadores, y son fundamentales para la transición ecológica global, es decir, el paso a fuentes de energía sostenibles, central en la agenda del presidente Lula.
El tema es de suma actualidad en Brasil y representa, a nivel global, una compleja cuestión geopolítica. La administración Trump desde hace tiempo está presionando al gigante latinoamericano para que participe en la carrera por la explotación de sus reservas, ofreciendo a cambio el know-how necesario para aumentar la producción. A pesar de las importantes reservas, Brasil no logra ser independiente en la producción nacional, que actualmente corresponde apenas al 1% de la mundial. A comienzos de febrero, el gobierno de Estados Unidos anunció su intención de formar una alianza sobre las tierras raras, con función antichina. Esta alianza sería una especie de bloque comercial para controlar la producción, la refinación y los precios de estos minerales y arrebatar a Pekín el predominio en el mercado. Por ello convocó una reunión en Washington a la que invitó a representantes de 54 países y a la Unión Europea.
Brasil se limitó a enviar a un diplomático y no a su embajador en EEUU, como informó el sitio de noticias G1, según el cual esta propuesta fue interpretada por el gigante latinoamericano como “una camisa de fuerza” diseñada únicamente para satisfacer los intereses estadounidenses. No por casualidad, ayer Luiz Inácio Lula da Silva, en una entrevista televisiva en India, reiteró que en el encuentro ya casi seguro con Donald Trump en Washington el próximo mes hará valer en este tema el principio de soberanía. “Prefiero negociar de manera soberana, para que el proceso de transformación de estos minerales esenciales se realice en nuestro país, dentro de nuestro país, y no en el exterior. Y venderemos a quien queramos. No aceptaremos que se nos imponga nada”, dijo el presidente.
Además de India, China es el país más interesado en las riquezas del subsuelo brasileño, y no solo en las tierras raras. Basta pensar que hace algunas semanas la estatal china Chinalco, junto con la multinacional anglo-australiana Rio Tinto, adquirió el 68,6% del control de la Brazilian Aluminum Company, una operación por un valor aproximado de 10.700 millones de reales (2.066,5 millones de dólares), que permitió a China convertirse en uno de los mayores productores de aluminio en Brasil. También la venta de las minas de oro brasileñas de Equinox Gold a la estatal china CMOC refuerza aún más la presencia de capital chino en el sector minero del país, extendiéndola también al oro. En 2025, las exportaciones brasileñas de tierras raras a China también se triplicaron. El volumen de los intercambios comerciales entre ambos países alcanzó los 6,7 millones de dólares entre enero y junio de 2025, un valor tres veces superior al registrado en el mismo período de 2024.
Brasil cuenta hoy con 12 minas autorizadas y 186 en fase de evaluación por parte de las autoridades, según los datos del Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). Además, existen 1.790 autorizaciones para investigaciones mineras sobre tierras raras, que pueden conducir al descubrimiento de otros minerales, y 348 solicitudes aún en examen. Actualmente, la única empresa operativa en el país es Serra Verde Mineração, controlada por grupos internacionales anglo-australianos y de los EEUU en el municipio de Minaçu (Goiás), que inició la producción comercial en enero de 2024 y se encuentra en fase de ramp-up, es decir, de puesta en marcha gradual de la planta. El objetivo es alcanzar 5.000 toneladas anuales de óxidos de tierras raras, utilizados para imanes permanentes de alta eficiencia, fundamentales para motores de vehículos eléctricos y generadores eólicos. Asimismo, se encuentran en fase avanzada dos proyectos con capital australiano en la región de Poços de Caldas (MG), que acaban de obtener la licencia preliminar.
Sin embargo, para que Brasil logre gestionar de manera independiente la producción nacional de minerales estratégicos y de tierras raras, todavía falta mucho. Un estudio reciente de Rafael Leão, del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), denuncia las dificultades del país en términos globales precisamente en relación con la producción, a pesar del volumen expresivo de los recursos mineros. Por ejemplo, en el documento se cita el grafito, del que Brasil posee la segunda mayor reserva global. Sin embargo, su producción se redujo a una tasa media anual del 8,4% entre 2017 y 2023, mientras que la producción mundial aumentó alrededor de un 10% anual. Así, el gigante latinoamericano, que en 2017 representaba cerca del 10% del suministro mundial de grafito, vio reducirse su cuota al 3,4% en 2023. “Para atraer inversiones a una escala suficiente como para competir con los principales transformadores y refinadores mundiales, Brasil debe tener una producción minera de nivel mundial”, declaró el investigador a la revista económica Valor Econômico.
“A pesar de la retórica encendida sobre la reindustrialización, el actual gobierno ha avanzado poco en la creación de un entorno favorable a las inversiones productivas y al desarrollo tecnológico”, denuncia el diario O Estado de São Paulo en un editorial. “Falta un programa coherente para aumentar la productividad, integrar a Brasil en las cadenas de valor globales y convertir los recursos naturales en una prosperidad sostenible. Si no se enfrentan decisiones difíciles, Brasil seguirá siendo rico en recursos naturales pero pobre en estrategias. La trampa del neoextractivismo permanecerá abierta y el futuro, una vez más, será postergado”, concluye el texto.
Mientras tanto, quienes podrían pagar el precio a corto plazo son las comunidades indígenas del país. A comienzos de febrero, el juez del Supremo Tribunal Federal Flávio Dino autorizó la explotación minera dentro de los territorios de los indígenas Cinta Larga. En su decisión se dice que la actividad debe hacerse bajo el control de las comunidades indígenas y cumplir con los requisitos ambientales, sociales y legales. Sin embargo, en la práctica, será necesario ver cuánto podrán hacer valer sus derechos las comunidades locales. El pueblo Cinta Larga vive en territorios situados entre los estados de Mato Grosso y Rondônia, que en conjunto suman aproximadamente 2,7 millones de hectáreas. La decisión también fijó un plazo de dos años al Congreso Nacional para regular la cuestión. Según Dino, existe un vacío de 37 años sobre el tema.
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