La Policía Federal de Brasil ejecutó este viernes órdenes de registro y embargo contra el fondo de pensiones del estado de Río de Janeiro en el marco de la investigación sobre el colapso del Banco Master, una entidad financiera que fue liquidada en noviembre por el Banco Central.
Según reportó la agencia de noticias Reuters, la operación busca esclarecer el destino de aproximadamente 970 millones de reales (183,56 millones de dólares) en instrumentos financieros emitidos por la institución.
El caso adquirió visibilidad nacional y ha involucrado a las más altas esferas del poder judicial. El Tribunal Supremo Federal difundió dos comunicados en respaldo al magistrado José Antônio Dias Toffoli, quien asumió la investigación tras la intervención del Banco Master.
El juez se encuentra bajo el escrutinio de la prensa por sus relaciones previas con figuras del sector bancario, en particular con Daniel Vorcaro, ex director del banco y actualmente bajo prisión domiciliaria.
De acuerdo con el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, el fraude bajo investigación alcanza una magnitud sin precedentes en el sistema financiero brasileño. “Puede tratarse del mayor fraude bancario de la historia de Brasil”, afirmó.
Las autoridades indagan sobre la emisión de créditos falsos por un monto total de 12.000 millones de reales (2.270 millones de dólares).
La operación policial de este viernes, bautizada como "Barco de Papel“, según informó G1, incluyó la realización de allanamientos en oficinas y residencias vinculadas al caso en Río de Janeiro.
Las acciones se enmarcan en una investigación sobre la gestión y posible desvío de fondos provenientes de letras financieras emitidas por el banco privado, aunque la policía no mencionó públicamente los objetivos de la operación.
La intervención judicial se lleva a cabo bajo secreto de sumario, una decisión adoptada por Toffoli al señalar la presencia de autoridades con foro privilegiado, motivo por el cual el expediente se tramita en la Corte Suprema y no en la justicia ordinaria. Esta medida ha generado suspicacias en medios locales, que también han publicado informaciones sobre presuntos vínculos indirectos del magistrado con el entorno del Banco Master.
Entre los hechos revelados por la prensa, se encuentra la venta en 2021 de un complejo hotelero de lujo, el Tayayá Aqua Resort, propiedad de la familia de Toffoli, al cuñado de Vorcaro, Fabiano Zettel, por aproximadamente 6,6 millones de reales (cerca de 1,2 millones de dólares). Pese a la transacción, el magistrado continuó frecuentando el complejo, donde mantiene una residencia, de acuerdo con datos públicos citados por la prensa y confirmados por registros oficiales de desplazamientos.
Otra de las informaciones que generaron cuestionamientos apunta a un viaje realizado en un avión privado junto a uno de los abogados del Banco Master, poco antes de que Toffoli tomara el caso, con destino a Lima para asistir a la final de la Copa Libertadores. El Tribunal Supremo defendió la gestión de su magistrado y recordó que la policía judicial actúa en la protección de los jueces, quienes han sido objeto de amenazas.
El caso involucra a otros integrantes del Supremo, como Alexandre de Moraes, relator del proceso que derivó en la condena por intento de golpe de Estado al ex presidente Jair Bolsonaro. Según la prensa local, el bufete de Viviane Barci de Moraes, esposa de Moraes, firmó en 2024 un contrato por 129 millones de reales (unos 25 millones de dólares) con el Banco Master.
El impacto de la liquidación del banco también se extiende al sector público. Parte de la cartera de crédito del Banco Master fue adquirida por el Banco de Brasilia (BRB), una entidad controlada por el Gobierno del Distrito Federal, que podría afrontar pérdidas millonarias.
El Tribunal de Cuentas dispuso una revisión del procedimiento de liquidación, mientras que el Banco Central de Brasil negó haber intermediado en la venta de los activos al BRB.
El desarrollo de la causa y los interrogantes sobre la transparencia de las operaciones mantienen la atención sobre el futuro de los fondos públicos afectados y la responsabilidad de los distintos actores señalados en la investigación.
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