El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, conservó este martes su fuero luego de que el Congreso rechazara, por falta de mayoría calificada, la solicitud para levantarle la inmunidad presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que lo investiga por presunta beligerancia política durante actos oficiales.

La votación cerró con 35 diputados a favor del levantamiento del fuero y 21 en contra, lejos de los 38 votos requeridos para habilitar al TSE a avanzar en un proceso que podría derivar en sanciones que van desde la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta la destitución del mandatario.

El pedido del órgano electoral se enmarca en una investigación por supuestas intervenciones del presidente en el proceso electoral, a través de críticas a partidos y dirigentes opositores y llamados públicos a elegir una mayoría de diputados “patriotas” dispuestos a reformar las instituciones del Estado, en la antesala de las elecciones generales del 1 de febrero de 2026.

Además de la bancada oficialista, votaron en contra del levantamiento de la inmunidad varios legisladores de distintos partidos y el bloque del Partido Nueva República. Su líder y candidato presidencial, Fabricio Alvarado, calificó el proceso como un “circo” y un “error” del TSE, y sostuvo que la investigación ha contribuido a fortalecer la popularidad de Chaves y del partido afín al oficialismo en medio de la campaña.

En Costa Rica, la legislación electoral prohíbe al presidente, a su gabinete y a otros altos funcionarios participar o influir en campañas electorales, así como utilizar sus cargos para favorecer o perjudicar a partidos políticos. El principio de neutralidad es considerado una de las garantías centrales del sistema democrático costarricense.

El TSE sostiene que Chaves incurrió en beligerancia política al aprovechar actos oficiales para emitir mensajes con contenido electoral y al influir en el debate público en favor de una determinada orientación legislativa, pese a que el país no permite la reelección presidencial consecutiva y el mandatario concluirá su mandato en mayo próximo.

No es la primera vez que el presidente supera un intento de levantamiento de su inmunidad. En septiembre pasado, el Congreso también rechazó una solicitud presentada por la Fiscalía General en una causa por un presunto uso irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En ninguna de las dos ocasiones Chaves ejerció su derecho a exponer ante el Plenario legislativo, aunque sí compareció ante las comisiones parlamentarias que analizaron los expedientes. En esas audiencias, el presidente descalificó las denuncias como un “circo” y una “ópera bufa”.

Desde la oposición, la diputada Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, defendió la solidez del expediente del TSE y advirtió sobre la gravedad de los hechos investigados. A su juicio, las conductas denunciadas afectan directamente “la pureza del sufragio” y el principio de imparcialidad política que deben observar determinados funcionarios públicos, en especial el presidente de la República.

El oficialismo, en cambio, alertó sobre los riesgos institucionales del proceso. La bancada gubernamental sostuvo que el intento de levantar el fuero sienta “un precedente peligroso” y cuestionó su constitucionalidad, al considerar que expone al Ejecutivo a presiones políticas en un contexto electoral.

“El fuero no es una camisa de fuerza para la Justicia, es un freno para el abuso”, afirmó el diputado oficialista Manuel Morales, quien defendió la inmunidad presidencial como una garantía de estabilidad institucional y advirtió sobre el impacto que tendría habilitar procesos sin pruebas concluyentes en medio de una confrontación política creciente.

El rechazo del Congreso deja en suspenso la actuación del TSE contra el presidente y traslada el conflicto al terreno político, en un escenario marcado por la polarización y por una campaña electoral anticipada que tensiona los límites entre la neutralidad institucional y la disputa por el poder.