La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma, tratado que fundamenta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
La decisión, tomada en Caracas, se justificó en la supuesta inacción de la CPI ante crímenes cometidos en Palestina, así como por el reciente cierre de la oficina técnica del tribunal internacional en la capital venezolana, anunciado por el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang debido a la falta de cooperación del régimen de Nicolás Maduro.
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La norma fue impulsada por la mayoría oficialista, que domina el Parlamento. El chavista Jorge Rodríguez sostuvo que la medida “demuestra la dignidad del pueblo venezolano” y extiende solidaridad con los palestinos, a quienes describió como víctimas del “más espantoso genocidio y crímenes contra la humanidad de los últimos 80 años”.
Además, calificó a la CPI como institución “inútil y vasalla”, sometida a intereses extranjeros y al “imperialismo norteamericano”, y denunció que el tribunal ignoró “ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe” atribuidas a fuerzas de Estados Unidos, así como el impacto de sanciones y del bloqueo, políticas que según el régimen habrían causado 40.000 muertes, de acuerdo con un estudio citado en 2017.
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A su vez, el Ministerio de Exteriores venezolano señaló que continuará actuando para “prevalecer la verdad frente al colonialismo jurídico” y tildó de “vergonzosa” la respuesta de la CPI a los crímenes en Palestina, conforme al reporte de Europa Press.
La legislación establece que la salida de Venezuela debe notificarse formalmente al secretario general de Naciones Unidas, dando inicio a un plazo de 12 meses para su efectividad, durante el cual el país mantiene obligaciones internacionales. Venezuela se incorporó en el año 2000 bajo Hugo Chávez, y la CPI ejerce jurisdicción desde el 1 de julio de 2002, según recordó AP.
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La ley espera la promulgación de Maduro. Durante el debate, Rodríguez agregó que “los jueces de este organismo no están allí para impartir justicia ni para defender los derechos”, reiterando los argumentos de desvinculación.
Aunque la Asamblea Nacional avanzó en la ruptura formal, la CPI ratificó que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las protestas de 2017 seguirá adelante desde La Haya.
Desde la apertura del expediente en 2018, el tribunal ha supervisado la actuación estatal, rechazando los intentos de frenar la causa por presuntas indagaciones internas. En 2023, la corte confirmó la continuación íntegra del proceso, según informó la agencia EFE. La desvinculación será efectiva una vez completados los pasos diplomáticos requeridos.
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El proceso de desvinculación iniciado por el régimen venezolano implica no solo la aprobación legislativa, sino también los pasos diplomáticos requeridos por el tratado internacional y requiere de la promulgación del dictador Nicolás Maduro.
(Con información de EFE)
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