El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió la noche del 26 de noviembre el Decreto Ejecutivo 235 para declarar en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañaría en un nuevo viaje oficial a Estados Unidos, entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. Esta disposición generó desconcierto tanto dentro del propio Gobierno como en la opinión pública, pues el decreto amaneció eliminado de los repositorios públicos y la Presidencia informó que la norma contenía errores y sería derogada.
Hasta las 09:00 de este miércoles, Infobae pudo confirmar de manera oficial que el jefe de Estado seguía en territorio ecuatoriano. Cerca de las 13h00 del miércoles, el presidente emitió un nuevo decreto donde se indica que el viaje será de índole personal.
La publicación nocturna, que circuló en Minka, la plataforma digital de decretos y resoluciones del Ejecutivo, establecía que el objetivo del viaje era “fortalecer, profundizar y dinamizar los lazos diplomáticos, políticos y comerciales con los Estados que constituyen aliados estratégicos para el país”. El texto también autorizaba a la Secretaría General de la Administración Pública y del Gabinete, Cynthia Gellibert a organizar la comitiva y ordenaba que los gastos se cubrieran con cargo al presupuesto institucional.
El anuncio llamó la atención por varios motivos. Primero, por la continuidad con su último viaje. Tras la derrota del 16 de noviembre, Noboa viajó a los Estados Unidos entre el 18 y 20 de este mes. A eso se suma la fecha actual del viaje, pues coincide con las fechas de feriado nacional en Estados Unidos por Thanksgiving, uno de los días festivos más extendidos y de mayor cierre institucional.
Durante este período, que incluye la víspera, el día festivo y el fin de semana largo, las oficinas públicas y buena parte de los actores políticos, empresariales y diplomáticos suspenden actividades. Esto vuelve atípico, cuando no inviable, que un jefe de Estado programe reuniones oficiales o encuentros formales de alto nivel.
Este contexto se refuerza con un elemento adicional: según la agenda pública del presidente estadounidense Donald Trump, divulgada por la Casa Blanca, el mandatario se encuentra en Mar-a-Lago desde el 26 de noviembre, sin actividades oficiales previstas en Washington durante esas fechas. Esto enrarece aún más el escenario para una visita oficial ecuatoriana que, en teoría, debía sostener reuniones de alto nivel en la capital estadounidense.
Nuevamente, el anunciado viaje sucede tras la confidencial visita de hace unos días. En Ecuador, la normativa establece que solo bajo ciertas causales se puede declarar la reserva de información pública –la agenda del Presidente por regla debe publicitarse. No obstante, el acto administrativo para declarar la confidencialidad no ha sido publicado y tampoco se ha confirmado oficialmente que existe, pese a la exigencia legal de motivar por escrito cualquier reserva excepcional. Hasta ahora, la Presidencia no ha precisado con quién se reunió, qué organismos visitó o qué resultados obtuvo en ese desplazamiento previo.
Además, el nuevo viaje a los Estados Unidos contradice a la propia canciller Gabriela Sommerfeld, quien afirmó el 25 de noviembre, en declaraciones públicas, que el siguiente viaje internacional del presidente sería a Emiratos Árabes Unidos.
La confusión se profundizó este miércoles por la mañana. Cuando los periodistas intentaron revisar el decreto original en Minka, el documento ya no se encontraba disponible. Minutos después, la Secretaría de Comunicación confirmó que el texto había sido retirado, que contenía “errores en su contenido” y que sería oficialmente derogado. El Gobierno añadió que se proporcionaría información adicional “más adelante”, sin especificar si el viaje había sido suspendido, modificado o reprogramado.
La falta de precisión alimentó dudas en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia de la agenda presidencial. El secretario de Integridad Pública declaró hace pocos días que “cada presidente tiene la decisión de categorizar sus tipos de reuniones”, un criterio que no corresponde con lo establecido en la Ley de Transparencia, que exige motivaciones formales, temporales y rigurosas para declarar información reservada.
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