
Decenas de niños sanos pasan año a año por hospitales públicos de Uruguay y son internados, pese a que nada justifica su presencia en un centro de salud. Los médicos los llaman niños sociales, porque permanecen allí al no tener un hogar a donde ir. Sus padres no se pueden hacer cargo de ellos –por su voluntad o porque la Justicia así lo decide– y durante los días de internación los pequeños se encariñan con los enfermeros.
Esa es la historia, por ejemplo, de tres niños que estuvieron internados durante un mes y medio en el Hospital de Las Piedras, una ciudad del departamento de Canelones ubicada a 10 kilómetros de Montevideo. Según un informe de El Observador, durante ese período de tiempo nadie pasó por ellos: crecieron, recibieron regalos, reconocían las voces de sus enfermeras cuidadoras. Pero nadie les daba un hogar.
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Uno de los niños es hijo de una mujer de 34 años que llegó ese hospital de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE, el prestador de salud estatal) para dar a luz a un niño que había decidido no llevar a su casa. Ella no quería el embarazo y cuando quiso abortar ya se había pasado de los plazos legales para hacerlo. Tenía dos hijas de menos de 10 años y una pareja que la agredía desde hacía tiempo.

La madre del otro niño que compartía sala sí lo quería, pero la Justicia la desvinculó del bebé. La mujer ya había perdido la tenencia de una niña de 13 años. Los padres del pequeño son consumidores de pasta base y él, además, está preso.
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Por la otra niña que compartía sala en el Hospital de Las Piedras llegó su abuela biológica, que expresó su intención de hacerse cargo de ella.
Estas historias, que son relatadas por ese medio uruguayo, se reiteran todas las semanas en los hospitales públicos, y la cantidad de casos que se registran siguen creciendo.

Son situaciones que no podrían suceder si se respetara la normativa uruguaya, que establece que el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) tiene 24 horas para avisarle a la Justicia de esos casos. Y el Poder Judicial tiene otras 24 horas para tomar medidas y poner al niño en los brazos de un familiar, una familia que esté dispuesta a adoptarlo, una familia de acogida o un centro de menores.
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En los últimos tres años la cantidad de niños sociales en los hospitales públicos ha aumentado. En el hospital pediátrico Pereira Rossell de Montevideo, en 2022 fueron 119 los bebés internados sanos. Esa cifra creció a 135 en 2023. En 2024 fueron 189, según los datos informados por El Observador.
Las autoridades del INAU están preocupadas por estos episodios. Su presidenta, Claudia Romero, dijo que una “estrategia fuerte” del instituto es la “desinternación” de los niños de cero a tres años.

“Tenemos argumentos fuertes y muy sólidos de que la vida en la primera infancia, o lo que pasa en la primera infancia condiciona toda la vida. Una institución, por más que cuiden bien, no es el lugar donde deben vivir estos pequeñitos, estos lactantes, estos niños chiquitos”, dijo Romero esta semana en una rueda de prensa.
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Romero, pediatra de profesión, dijo que vivir en un hospital las primeras semanas afecta el desarrollo neurocognitivo y emocional.
“Los hogares del INAU no son un lugar donde vivir para esos niños. Los hospitales tampoco. Tenemos que agilizar los procesos que permitan que los gurises egresen más rápido, que vayan a una familia que los contenga, sea su familia de origen u otra familia. En el mes de los derechos, el derecho a vivir en familia es un derecho que debemos cuidar y respetar”, dijo Romero.
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