Ecuador experimenta una escalada de violencia sin precedentes pese a las medidas de excepción implementadas por el gobierno de Daniel Noboa. El más reciente informe de la ONG International Crisis Group (ICG), titulado ¿Un paraíso perdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado, advierte que el país atravesó su semestre más violento de la historia reciente, con más de 4.500 homicidios en los primeros seis meses del año. Las operaciones militares y policiales, pilar de la política de seguridad, “han tenido un éxito fugaz”, según el documento.
La reducción inicial de asesinatos en 2024 —un descenso del 17% en homicidios intencionales, según datos oficiales— fue revertida por una nueva ola de violencia que golpea especialmente la costa del Pacífico. Allí habita más de la mitad de la población y se concentra el 70% de los homicidios, transformando a Guayas, Esmeraldas, Manabí y El Oro en epicentros de disputa entre pandillas y redes de narcotráfico.
Cocaína y cárteles
El estudio, basado en más de cien entrevistas a funcionarios, expertos, exintegrantes de bandas y residentes de zonas afectadas, detalla la profunda reconfiguración del crimen organizado. Ecuador pasó de ser un corredor de tránsito a una plataforma de exportación de cocaína, gracias a sus puertos marítimos, la dolarización que facilita el lavado de dinero y la débil institucionalidad.
Desde 2020, el asesinato de “Rasquiña”, líder de Los Choneros, fracturó el equilibrio criminal y dio lugar a una guerra entre facciones. En ese escenario, Los Lobos expandieron sus operaciones a siete provincias y consolidaron vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, mientras que Los Choneros mantienen nexos con el Cártel de Sinaloa.
El informe también destaca la presencia de mafias balcánicas, especialmente redes albanesas, que utilizan el comercio bananero como fachada para el envío de cocaína hacia Europa. Los decomisos récord en España y Bélgica, algunos superiores a las 13 toneladas por cargamento, confirman la magnitud del tráfico que sale desde los puertos ecuatorianos.
Las cárceles
En el ámbito penitenciario, más de 500 personas han sido asesinadas en masacres carcelarias desde 2021, la mayoría en Guayaquil. Solo la Penitenciaría del Litoral registró 119 muertes en septiembre de 2021, en el peor episodio de violencia carcelaria del país. Desde 2024, al menos 27 funcionarios penitenciarios, incluidos tres directores, han sido asesinados, mientras el control interno de las prisiones sigue en manos de las bandas.
El reporte revela además un sistema de extorsiones sistemáticas: borrar un historial de mala conducta cuesta USD 400, y una boleta de excarcelación puede obtenerse por hasta USD 1.000. Un guardia penitenciario describió su trabajo como “un ejercicio suicida”, ante la falta de equipos de protección y la amenaza constante de las mafias.
La investigación subraya la captura institucional que permite la impunidad. Crisis Group documenta sobornos en la justicia, vínculos entre redes criminales y políticos locales, y una tasa de impunidad en delitos violentos que supera el 90%. En paralelo, alerta sobre los riesgos de corrupción dentro de las propias Fuerzas Armadas, a medida que asumen funciones de seguridad interna.
Las conclusiones de ICG son contundentes: la militarización ha proyectado poder, pero no ha restablecido el control del Estado. Los despliegues armados reducen temporalmente la violencia, pero su retiro provoca rebrotes. “Mientras Ecuador siga siendo un imán para el crimen organizado, los mensajes de fuerza serán ignorados”, advierte el informe.
Crisis Group recomienda una estrategia integral que combine coerción y presencia estatal sostenida: fortalecer la policía comunitaria, reformar las cárceles, cerrar las rutas logísticas del narcotráfico y atacar la corrupción en justicia, municipios, puertos y prisiones. También insta a ordenar la cooperación internacional, de modo que complemente la reconstrucción institucional.
Ecuador, concluye el documento, enfrenta una disyuntiva crítica: persistir en una “guerra” que no reduce el crimen o reconstruir la confianza ciudadana desde las bases. De acuerdo con el informe, sin una política que restituya el tejido estatal, “el país corre el riesgo de perder su lucha por la seguridad pública”.
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