Un grupo de gobernadores de derecha de Brasil anunció este jueves la creación de un consorcio para integrar políticas y estrategias de combate al crimen organizado, tras una reunión en la que respaldaron la cuestionada operación policial del martes que dejó al menos 121 muertos en Río de Janeiro.
El denominado “Consorcio de la Paz” permitirá a los gobiernos regionales intercambiar informaciones y experiencias exitosas de seguridad pública, así como compartir recursos humanos y materiales y discutir acciones y estrategias conjuntas contra el crimen organizado, según explicaron los mandatarios en una rueda de prensa.
“Con el consorcio vamos a integrar (la seguridad pública) con todos los medios: inteligencia, informaciones, contingentes, apoyo financiero, experiencia, materiales... Podemos comprar equipos de forma conjunta, lo que nos permitirá reducir los precios”, explicó el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello.
La iniciativa reúne inicialmente a los gobiernos regionales de São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Brasilia, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul y Paraná. Los impulsores del proyecto, todos pertenecientes a partidos de derecha y algunos precandidatos presidenciales, señalaron que el consorcio está abierto a los 27 estados del país.
El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmó que la propuesta busca superar la falta de acción del Gobierno nacional, encabezado por el presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva, en la lucha contra el crimen organizado.
“Vinimos a Río de Janeiro a felicitar a sus autoridades por esa operación que hicieron sin el apoyo de un Gobierno (nacional) que insiste en no combatir la criminalidad e insiste en no considerar como terroristas grupos criminales que controlan territorios, violan la soberanía y usan armamentos exclusivos de las Fuerzas Armadas”, declaró Zema.
Según el gobernador, organizaciones criminales como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, con ramificaciones en todo Brasil y países vecinos, ocupan áreas donde reside un tercio de las familias brasileñas, cobrando tasas ilegales por servicios básicos como luz, agua, telecomunicaciones y transporte.
El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmó que el consorcio será mucho más efectivo contra el narcotráfico que el proyecto de ley de seguridad pública impulsado por el Gobierno de Lula, el cual, según él, busca quitarle la autonomía a los gobiernos regionales.
El respaldo a la operación policial del martes contra el Comando Vermelho, en la que murieron entre 121 y 132 personas, según distintas fuentes, fue unánime entre los gobernadores presentes. No obstante, la misma operación ha sido cuestionada por su violencia y mortandad por organizaciones de derechos humanos y por el propio Gobierno de Lula.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, agradeció el respaldo de sus pares en “momentos de presión y de críticas”, y destacó que todos demostraron preocupación por la seguridad de la población brasileña. Agregó que, tras la operación, Río puede iniciar una retomada de los territorios actualmente ocupados por bandas criminales y servir como “laboratorio” para el resto de los estados.
(Con información de EFE)
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