La estrategia del narco González Valencia para evitar la cadena perpetua en Estados Unidos

El narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia fue uno de los líderes de Los Cuinis, la célula criminal integrada por un grupo de hermanos que coordinaba labores y que los llevaron a convertirse en el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de un delincuente que, entre viajes a safaris, mundiales y Europa, logró evadir a la Justicia hasta que el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal sobre él y fue detenido en Uruguay en 2016.

En este país estuvo cuatro años preso, hasta que en mayo de 2020 Lalo, como le decían, fue extraditado a Estados Unidos, país en el que se enfrentaba a varios cargos relacionados al narcotráfico y al lavado de dinero. En 2023, González Valencia obtuvo la pena máxima por los cargos por los que estaba requerido y fue condenado a participar el resto de sus días en la cárcel.

Pero, ¿cuál fue la estrategia de González-Valencia para evitar la prisión? Sus abogados apelaron a su estadía en Uruguay y a la discusión que se dio en los tribunales uruguayos previo a que se concrete la extradición.

El diario El País uruguayo informó este martes que González Valencia intentó ampararse en fallos de la Justicia uruguaya para evitar que un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos confirmara su cadena perpetua. Así surge de la sentencia divulgada por el Distrito de Columbia que refiere a una audiencia celebrada en abril.

Jueces y fiscales uruguayos argumentaron que la aplicación de la cadena perpetua “vulneraría el orden público” de Uruguay. De hecho, la dureza de la pena que podría recibir el narco mexicano en Estados Unidos fue un motivo de discrepancias y confusiones en los tribunales uruguayos para confirmar la extradición. Esto –recuerda El País– generó que se dilate el proceso de extradición y obligó a que la Embajada de Estados Unidos en Uruguay intervenga en el caso al remarcar que no se podían poner condiciones en ese aspecto.

Uno de los fallos fue el del fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, quien en 2017 se pronunció a favor de la extradición de González Valencia desde Uruguay pero estableció una condición: Estados Unidos no debería imponer “en el caso la pena de muerte, como así tampoco –aunque no lo prevea expresamente el Tratado de Extradición– una pena de reclusión perpetua ni pena equivalente, ya que las mismas no están previstas en nuestro país, y ello vulneraría el orden público”.

En agosto de 2017, en tanto, la jueza Beatriz Larrieu concedió la extradición de González Valencia con la condición de que en Estados Unidos no se lo condenara a perpetua. La extradición se extendió porque la decisión fue apelada por la defensa del narco y llegó hasta el máximo tribunal uruguayo, la Suprema Corte de Justicia.

Fue en ese contexto que la Embajada de Estados Unidos hizo notar que la condición vinculada a la pena perpetua excedía las potestades del Estado uruguayo y consideró que no eran de recibo. Uruguay finalmente admitió que no podía exigir garantías sobre el cumplimiento de la Pena a Estados Unidos pero dejó constancia de la “expectativa de cumplimiento voluntario”.

Ahora, en Estados Unidos, la defensa de González Valencia puso el foco en este punto y detalló cada uno de los fallos judiciales uruguayos referidos a él, y apeló a que Estados Unidos tuviera “comity” o “cortesía” con el país. Esto se da cuando un tribunal reconoce una sentencia extranjera por respeto a la soberanía del país que la emite, pero no es un principio ni vinculante ni obligatorio. Es una decisión voluntaria, que se basa en la reciprocidad y la buena fe.

Pero estos principios no estuvieron presentes en la decisión final de ese Tribunal de Apelaciones norteamericano, que calificó de “frívolo” el argumento de la defensa del narco.