La ONU exigió al régimen de Ortega esclarecer el paradero de más de 120 desaparecidos en Nicaragua

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaron este viernes al régimen de Daniel Ortega a esclarecer el paradero de más de 120 personas que fueron víctimas de desaparición forzada en Nicaragua desde la represión a las protestas opositoras que tuvieron lugar en 2018. Las manifestaciones, que dejaron un saldo de unos 350 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de miles de exiliados, fueron brutalmente reprimidas por fuerzas policiales y grupos paramilitares, según datos aportados por organismos internacionales de derechos humanos y recogidos por Reuters.

En un comunicado difundido en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU (GTDFI) expresó su preocupación por la persistencia de estos casos y advirtió que el número real de víctimas podría ser superior a los registros oficiales, debido a que muchas familias y representantes legales optan por no denunciar las desapariciones ante el temor a represalias.

“Todas las personas que intentan defender sus derechos corren el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada en Nicaragua. Esto debe terminar de inmediato”, subrayó el Grupo, conformado por cuatro mujeres y un hombre, todas ellas abogadas expertas en derechos humanos.

Según la información divulgada por el GTDFI y recogida por Reuters, entre las personas desaparecidas hay líderes indígenas, mujeres, adultos mayores, militantes de partidos políticos y ciudadanos sin afiliación política conocida, a quienes las autoridades perciben como opositores o disidentes de las posiciones oficiales.

“Estas desapariciones forzadas parecen ser ordenadas desde los más altos niveles de autoridad y están diseñadas para infundir temor en toda la sociedad, enviando el mensaje de que cualquiera que exprese una opinión diferente puede correr la misma suerte”, afirmó el GTDFI en su pronunciamiento.

El grupo señaló también que, desde 2018, no ha recibido ningún tipo de respuesta oficial por parte del Ejecutivo de Managua, pese a los reiterados pedidos de información y la oferta de asistencia técnica desde Naciones Unidas. “El Gobierno no coopera con el Grupo”, lamentaron en su mensaje.

A finales de septiembre, otro grupo de la ONU denunció que la dictadura encabezada por Ortega junto a su esposa Rosario Murillo ha ampliado las acciones de represión persiguiendo a nicaragüenses en el extranjero. Este nuevo contexto de persecución y hostigamiento refuerza la preocupación de la comunidad internacional por la situación de derechos humanos en el país centroamericano.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias está integrado por Gabriella Citroni (Italia), Grazyna Baranowska (Polonia), Aua Baldé (Guinea Bissau), Ana Lorena Delgadillo (México) y Mohammed Al-Obaidi (Irak). Desde su creación, el grupo ha monitoreado casos de desaparición forzada en todo el mundo y, en este caso particular, ha reiterado la necesidad urgente de que las autoridades nicaragüenses pongan fin a las detenciones arbitrarias e investiguen exhaustivamente las violaciones de derechos humanos detectadas en los últimos años.

Además de las 120 personas identificadas oficialmente, la ONU reiteró en su declaración que el miedo de las víctimas y sus allegados dificulta la denuncia de nuevos casos y la obtención de datos precisos sobre el alcance real del fenómeno. En este sentido, el grupo reiteró su llamado al régimen nicaragüense para que coopere con los mecanismos internacionales y permita el acceso a información verificada sobre el paradero y las condiciones de los desaparecidos.

De acuerdo con los datos recabados por Reuters y recogidos en el informe de la ONU, la crisis política que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 ha derivado en el encarcelamiento, persecución y exilio de activistas, líderes sociales y ciudadanos percibidos como opositores. Los organismos internacionales demandaron al régimen de Ortega y Murillo adoptar medidas inmediatas para fortalecer el estado de derecho y garantizar el respeto a las libertades individuales y colectivas en el país.

(Con información de AFP y Reuters)